Al menos 82 venezolanos, entre ellos, 29 mujeres, fueron deportados este sábado 21 de abril por el Gobierno de Trinidad y Tobago, por presuntamente violar leyes migratorias o haber cumplido sentencias en la cárcel, informaron este domingo fuentes oficiales. Este proceso, no obstante, ha sido criticado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), pues afirmó que entre los repatriados se encontrabas solicitantes de asilo y personas en fase de trámite para pedir esta medida.Según dijo un comunicado de prensa el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, al grupo de venezolanos los amontonaron el pasado viernes en el Centro de Detención de Inmigración (IDC, por sus siglas en inglés) en el Cerro de Aripo, al norte del territorio caribeño, para luego ser deportados a su país de origen.
A su vez, el departamento de seguridad trinitiense indicó que los planes de repatriación los llevó a cabo junto con el embajador de Venezuela en el Trinidad y Tobago, Coromoto Godoy, quien además ofreció proveer transporte, tanto marítimo como aéreo, para el debido traslado de los venezolanos.
El proceso, no obstante, fue criticado por la organización local religiosa “Living Water Community“, que trabaja junto a la Acnur, al dudar sobre si la deportación fue legal, al no ser debidamente registrados por esta oficina.
De acuerdo con el diario trinitense Sunday Newsday, cuyo equipo reporteril visitó la embajada el viernes cuando varios hombres eran llevados para procesarlos, algunos venezolanos fueron arrestados después de solicitar asilo y alegaron que su documentación fue destruida por los funcionarios antes de que fueran llevados al IDC.
Según la Acnur, 13 de los 82 venezolanos eran solicitantes de asilo y otros 19 estaban en proceso de convertirse en solicitantes de asilo. Esta acción infringe el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de 1951), que ordena a los signatarios (entre ellos esta nación antillana) “no imponer sanciones, por su entrada o presencia ilegal” a personas que necesitan asistencia internacional, expresó en un comunicado.
Añadió que la mera presencia de los venezolanos en la embajada era una violación adicional, ya que su pedido ya no era confidencial. “Además, la confidencialidad es un principio bien establecido de protección de los refugiados, que exige que la información sobre las personas que necesitan protección internacional no se comparta con su país de origen. Los principios de no penalización, no devolución y confidencialidad se incorporan en la Política nacional para abordar asuntos de refugiados y asilo en la República de Trinidad y Tobago, adoptada por el Gobierno de Trinidad y Tobago en 2014. Esta mañana (sábado), enviamos una carta al Oficial Principal de Inmigración expresando nuestra preocupación, solicitando la liberación de las personas que ya están registradas con nosotros y acceso al resto para evaluar sus necesidades de protección internacional”, expresó la Acnur.
“El Gobierno (de Trinidad y Tobago) está diciendo que la gente está regresando voluntariamente, pero los procedimientos acordados con el Acnur sobre el retorno voluntario de los solicitantes de asilo registrados no están siendo seguidos (…) Familiares y amigos de las personas involucradas informan que ellas están siendo forzadas a firmar documentos que no entienden, donde afirman que están regresando voluntariamente” denunció la agencia que vela por los derechos de los refugiados, reseñó el medio local.
El sábado también se había pronunciado al respecto vía Twitter el presidente de la comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, quien aseguraba que asumiría la defensa legal de aproximadamente un centenar de compatriotas que sería deportados desde Trinidad.
Este domingo cerca del mediodia fue el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, quien a través de la misma red social indicaba lo referido por la Acnur sobre el estatus de solicitantes de asilo que tendrían algunos de los deportados a Venezuela.
#Importante Desde la Comisión de Política Exterior @AsambleaVE Asumimos defensa de más de 100 venezolanos detenidos en Trinidad y Tobago ante indolencia e incapacidad de Cancillería venezolana. Enviamos carta a Embajador Paul Byam, abogando por libertad de estos ciudadanos pic.twitter.com/FHDsWD7bQw— Luis Florido (@LuisFlorido) 21 de abril de 2018
FUENTE: http://efectococuyo.com
