La consideración se concluye de un debate que este domingo se dio en el programa TV Foro, que transmitió la Televisora Venezolana Social (Tves), donde el médico Daniel Montero, integrante del Centro de Formación e Investigación de la Salud, afirmó que la lógica neoliberal impuesta por los gobiernos de la IV república sigue vulnerando el derecho a la salud y a la vida "pues quienes gobernaron en esos años, son hoy los dueños de las clínicas privadas".
Evidenció una simple fórmula que rige el funcionamiento de las clínicas privadas y de la mercantilización de la salud en el país: "a mayor enfermo, mayor venta de medicamentos y mayor ganancia".
A su juicio, esa conjugación explica el éxito, que muestran como necesario por el bien común, del funcionamiento de la industria farmacéutica. "Es un negocio y es la miseria del capitalismo que convierte a la salud en mercancía".
Señaló que la privatización de la salud a partir de los años 50 fue una lógica invertida que materializó éste derecho humano en mercancía y lo convirtió en una negocio a largo plazo, con incalculables ganancias económicas.
Refirió que, de acuerdo con datos de una investigación del Centro de Formación e Investigación, el cálculo del gasto público en salud pasó de 21 bolívares por persona en 1950 a 398 bolívares en 1980. No obstante, el presupuesto para el Ministerio de Sanidad (ahora de Salud) con respecto al Presupuesto Nacional pasó de 7,5% en 1950 a 6,1% en 1980.
Es decir, dijo Montero, "a medida que aumentaba la población, el presupuesto para el sector salud iba disminuyendo".
Además, reseñó que la inversión destinada a la medicina preventiva y al saneamiento ambiental disminuyó de 28% en 1950 a 14% en 1980; "acabaron con el sistema preventivo y ya en 1980 el 68% del mercado nacional de salud se realizaba en el servicio privado", criticó el médico.
Denunció que el deterioro del sistema público de salud es consecuencia del desinterés en el respeto a los derechos humanos de los venezolanos y en el propósito de generar ganancias desmedidas para quienes administran la medicina privada.
También criticó que, por esa razón, la creación de infinidad de pólizas de seguro para el "resguardo de la atención en salud dentro de centros privados" sea un peso gigante en el Estado venezolano.
"Las clínicas son un parásito del Estado. El 75% de sus ganancias provienen del Estado, a través de las pólizas de seguro de los empleados públicos", cuestionó el especialista, quien considera como una necesidad la discusión de la salud como eje transversal del pueblo y de las instituciones del Estado.
Caso Rafael Arias Rivero
El Centro Médico Docente La Trinidad es un actual ejemplo de la lógica capitalista y neoliberal con la que actúan las clínicas privadas. "Son una máquina de hacer dinero", denunció la señora Elisa Petit, viuda de Rafael Arias, fallecido el pasado 27 de noviembre por presunta negligencia médica.
Petit, quien también participó en el debate de TV Foro, recordó cómo fue tratado su esposo en el Centro Médico Docente La Trinidad, donde alrededor de 14 médicos lo atendieron y donde, a su juicio, cometieron diversidad de negligencias con el único propósito de absorber en su totalidad la póliza de seguro de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Recordó que el señor Rafael Areas ingresó al centro el 4 de marzo de 2012, con dificultad respiratoria y dolor agudo de garganta, y luego de diversidad de diagnósticos e intervenciones, que lo retuvieron en la clínica durante nueve meses, falleció.
Petit asegura que a su esposo le provocaron un infarto por mala intervención de un absceso, que los médicos desconocían, el cual fue reventado con un tubo al intentar drenar la secreción respiratoria.
Luego de esto, el señor Arias ingresó en varias oportunidades a terapia intensiva, consciente y en sus sentidos, para posteriormente caer en estado de coma.
Varias situaciones irregulares se suscitaron desde el ingreso del señor Arias, que lo retuvieron en graves condiciones dentro de terapia intensiva. "Con cabeza fría, puedo pensar que estaban preparándolo no para lo que ocurrió, sino para estar en terapia y sacar más dinero de la póliza", aseguró su esposa.
El caso del señor Arias reposa en el Ministerio Público, Asamblea Nacional, Medicina Forense y Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Pese a lo sucedido, el Centro Médico Docente La Trinidad presiona para que les sea cancelado un monto de 2 mil millones de bolívares por la atención del señor Arias; ante esta situación, la señora Petit hace un llamado colectivo: "Tenemos cambiar la concepción de la lucha sindical por la salud. Los sujetos de la salud deben ser el hombre, el niño, la mujer no el dinero".
| FUENTE: AVN |
