En enero de 2011 le cambió la situación a la familia Ortiz, cuando le solicitaron el desalojo. Ante lo ocurrido, forzosamente deben volver a su casa. Al principio no lo vieron complicado, pues pensaron que en ese mes igual se vencía el contrato de las personas que alquilaban su propiedad de Barcelona, pero para su sorpresa los inquilinos se negaron a salir, con el argumento de no tener a dónde ir.
Este conflicto llegó hasta la Fiscalía, pero no fue sino en el Departamento Legal que funciona en la sede del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) en la urbanización Boyacá V de la capital del estado, donde se instaló un acto conciliatorio entre las partes en septiembre de 2011, y desde entonces la familia Ortiz espera por la desocupación de su casa para volver a habitarla.
Este no es el único caso de desalojo que maneja esa oficina, que depende del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y la Vivienda. En total suman 173 los expedientes admitidos desde septiembre del año pasado hasta la fecha. Algunos ya están decididos, otros esperan por citación y otros por notificar a las partes, para instalar el diálogo.
Daritza Alonzo, coordinadora de apoyo administrativo del Inavi, explicó que los casos que manejan corresponden a todo el estado Anzoátegui, pues la figura que representa es la coordinación regional de la Dirección de Inquilinato, a la espera de que se consolide la Superintendencia de Arrendamientos, tal como reza la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, sancionada en 2011
Por ahora, dijo Alonzo, no realizan el registro de propiedades ni establecen el canon de arrendamiento. La potestad es la de establecer actos conciliatorios para la desocupación, bajo el marco del diálogo, sin violencia ni abusos. Ello responde a que la nueva Ley de Alquileres no contempla la prerrogativa legal, es decir, un plazo para desocupar el bien arrendado, que sí la tenía el anterior texto legal.
Refirió que las causas de estos 173 casos varían: hay propietarios que alegan incumplimiento de pago de parte del arrendador; otros porque les urge retomar su propiedad o porque demuestran que el inquilino cambió el uso residencial del inmueble.
Centro-sur
En la ciudad de El Tigre, Yoselín Rodríguez, jefa de Asistencia al Ciudadano de la Alcaldía de Simón Rodríguez, señaló que desde el 15 de enero de este año, cuando asumió el cargo, ha recibido unas 70 denuncias relacionadas con el alquiler de inmuebles.
Aclaró que no es competencia del departamento procesarlas, sólo puede orientar o apoyar al usuario para canalizar las inquietudes que tenga en cuanto a sobreprecios, desalojos y abusos contra el inquilino y propietario.
Dependiendo de las incidencias, los casos son referidos a Sindicatura Municipal, Ministerio de Hábitat y Vivienda o al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) en Barcelona, ya que la sede local desapareció.
En Anaco, el asesor legal de la alcaldía, Tomás Aguilera, indicó que la Oficina de Control y Regulación de Alquileres en este municipio está aún en proceso de instalación.
Aguilera, quien participó en la discusión de la ley, realizada en la Plaza Bolívar de la capital de la República, espera que la dependencia funcione en la localidad a mediados de año.
"En principio las quejas se están gestionando en el ámbito nacional, en la oficina creada en Caracas. Luego vendrá la instalación en la región y después en los municipios".
Lo recomendable en este momento, dijo, cuando se presenten conflictos entre arrendatarios e inquilinos, es que los últimos acudan a los tribunales municipales o civiles que se encargarán de dirimir el caso.
FUENTE: D. Salazar / Z. Salazar / S. Vargas - http://eltiempo.com.ve
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