"La mayoría de las veces, se trata de grandes mafias que desvían la cadena de comercialización normal y lo llevan a través de las redes sociales. Esos bachaqueros tienen que saber que están cayendo en delito de especulación y que estamos montando un plan de operaciones muy duro contra estas personas", puntualizó.
Con la implementación del Precio Máximo de Venta al Público, los productores e importadores van a tener la obligación de marcar el precio de sus productos para que el usuario final, en este caso el pueblo venezolano, pueda defender el precio que este oficialmente marcado en todos los productos.
El presidente de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), destacó que no habrá excepciones en este sentido. Sin embargo, durante una entrevista en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión, aclaró que habrá diversas modalidades de marcaje.
"Ese es el primer gran elemento, el pueblo va a poder ejercer su contraloría social para que los productos se vendan al Precio Máximo de Venta porque va a estar marcado. Lo segundo, es que dentro de esta gran categoría vamos a continuar protegiendo los productos priorizados para el pueblo venezolano. Eso se va a hacer a través del Precio Justo, que solo va a poder ser fijado por la Sundde", detalló Ferrer.
Los productos que actualmente se encuentran regulados, se mantendrán así hasta que entren al régimen del Precio Justo o Precio Máximo de Venta, dependiendo de las consideraciones para garantizar la protección de insumos especiales al pueblo.
Capacidad de respuesta
Ferrer aseguró que la base de fiscales fue ampliada de 580 a 2 mil 200 funcionarios que se encuentran en la calle, abordando sus objetivos diariamente.
"Hay más de 20 mil sujetos de aplicación sancionados. Además, todos los días la Sundde solamente, beneficia a más de 88 mil venezolanos con la venta de productos a precios regulados, con ajustes de precios. No son simplemente las sanciones, sino cómo se les facilita al pueblo el acceso a esos bienes de primera necesidad", refirió.
Reiteró que las personas que cometan delitos deben responder ante la ley, que acciones como el remarcaje entra dentro de la especulación. "Hemos colocado a personas a la orden del Ministerio Público por ese tipo de situaciones. Lo importante es saber que requerimos el apoyo de todo el pueblo, no solamente de los fiscales".
La capacidad de respuesta a través de la línea 0800-LOJUSTO también fue ampliada, dando como resultado la atención de 15 mil denuncias mensuales. "Tenemos la satisfacción de que hoy nosotros podemos decir que cuando las denuncias son procesadas, la fiscalización no tarda más de 48 horas en acudir al establecimiento que es denunciado", resaltó el superintendente.
| FUENTE: Hoy Venezuela - http://www.aporrea.org |
