Como garante de su cumplimiento, el Estado debe impulsar la construcción de casas para que las familias puedan vivir con dignidad, seguridad y paz en este país. Sin embargo, las estadísticas indican lo contrario.
Mariana Mata y Jhonatan Rodríguez dan fe de ello. Cada uno ha dedicado gran parte de los últimos seis meses a buscar opciones para la compra de su primera morada.
Junto con sus respectivas parejas revisan a diario las páginas de los periódicos locales, los portales web de las inmobiliarias y visitan los proyectos habitacionales en construcción, de la zona norte de Anzoátegui.
“Vivimos alquilados hace cuatro años. Queremos tener una vivienda propia porque pronto nacerá nuestro primer hijo. El problema es que no conseguimos nada que se ajuste a nuestras posibilidades económicas”, expresó la profesora Mariana Mata.
Al igual que ella, su esposo es profesional universitario, pero los ingresos de ambos no son suficientes para adquirir un apartamento que supere los 2.000.0000 bolívares, que es el costo promedio de los inmuebles en el área metropolitana.
“Es muy difícil encontrar una casa para estrenar, porque hay pocas opciones y los precios son muy altos. Hemos visto algunas de segunda mano que están por el orden de los Bs 3.000.000”.
Similar es la situación de Rodríguez, quien a comienzos de año estuvo a punto de hacer una negociación de un apartamento por Bs 1.500.000, ubicado en el sector Las Colinas del municipio Bolívar, pero el propietario decidió disolver el acuerdo por considerar que saldría perdiendo con el aumento de la inflación.
“Los bancos otorgan financiamiento hasta por Bs 500.000, lo cual no representa ni 50% del valor actual de un inmueble. Además tendría que solicitar un préstamo adicional para cancelar la cuota inicial. No sé cómo voy hacer para mudarme de la casa de mi madre, ya que todos los días suben los precios”, comentó el administrador de 34 años.
Cifras
Hasta mayo de 2014, a través de la banca pública y privada se habían aprobado a escala nacional 5.531 créditos para la compra de unidades habitacionales, de los cuales 550 fueron otorgados en Anazoátegui (392 nuevas y 158 de segunda mano). Estas cifras fueron publicadas en el portal www.banavih.gob.ve del Ministerio de Vivienda y Habitat.
El 29/5/2014, el gobernador Aristóbulo Istúriz declaró a la Agencia Venezolana de Noticias, que mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), se habían construido en la entidad 40.809 casas, en los últimos cuatro años.
Para José Ramón de Los Ríos, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, la ejecutoria del gobierno ha sido baja, ya que el déficit habitacional superó hace varios años las 200 mil unidades.
Tampoco es alentador el escenario para el sector privado. Argumentó que la caída en la producción de los insumos ha frenado el inicio de nuevos proyectos y la culminación de algunas obras.
Aunque el dirigente empresarial admite que el Estado debe controlar, cuestionó que su intervención lo que ha hecho es ahogar al promotor de viviendas. “La negociación es fundamental para llegar a puntos de coincidencia. Uno de los más importantes es el precio”.
Señaló que la Ley de Costos y Precios Justos establece una rentabilidad máxima de 30%, con base en la inversión. Sin embargo, debido a las fallas de materiales de construcción, las empresas tienen que recurrir al mercado informal, donde reina la especulación.
“Al no tener registros de estos pagos, tampoco se puede transferir el costo al comprador, ya que se incurriría en la violación a las leyes de la Sundecoop e Indepabis”.
Explicó que existen parámetros para establecer el valor de un inmueble, como el tamaño, la ubicación y la calidad, “pero lamentablemente esos no son los que imperan hoy en día. Un bien vale lo que la gente está dispuesta a pagar por el”.
Considera que hay sectores de la población que no están en condiciones de entrar en el mercado. “Para ellos el gobierno debe establecer una política social como la Gmvv. Incluso si lo requiere, podría contar con el apoyo del empresariado”.
Indicó que para las familias de menos recursos, se deben evaluar varias alternativas, entre ellas el crédito de segunda hipoteca. “De esta forma podrían pagar el 25% de inicial, en un lapso de tres o cinco años. Así se vendieron en el pasado conjuntos residenciales en Puerto La Cruz, como Venecia, El Poblado y Puerto Morro”.
Plantea que para la clase media, la función del Estado debe ser la de crear estímulo fiscal y financiero, a fin de que la empresa privada con márgenes razonables de utilidad, cubra esa demanda.
La realidad
De acuerdo con la Gaceta Oficial N° 40.433, que circuló el 13/6/2014, los contribuyentes activos y solventes del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov) y del Fondo de Ahorro Voluntario de Vivienda (Favv) podrán optar al 20% de la cartera crediticia obligatoria de las entidades bancarias.
Esta disposición está dirigida a familias con ingresos entre uno (Bs 4.251,40) y 15 salarios mínimos mensuales (Bs 63.771).
De Los Ríos asegura que son casi nulas las posibilidades de que un comprador pueda conseguir una unidad habitacional siguiendo estos mecanismos.
Estima urgente que el Ejecutivo sincere la economía y garantice seguridad a los inversionistas, por ser la única forma de reactivar la actividad inmobiliaria.
“Construir un edificio tarda en promedio tres años. Ese es el tiempo que tendría que esperar una pareja de profesionales o recién casados para tener su casa propia, siempre que el contratista cuente con los permisos y los materiales”, acotó.
En la página web www.tuinmueble.com el precio de un apartamento en Lechería oscila entre Bs 3.000.000 (63 metros cuadrados) y Bs 190.000.000 (800 Mtr2), en Barcelona se consiguen desde Bs 1.700.000 (55 Mtr2) hasta Bs 19.600.000 (130 Mtr2) y en Puerto La Cruz de Bs 2.000.000 (52 metros) a Bs 22.000.000 (202 metros).
La mayoría de las opciones exige el pago de contado, lo cual limita la posibilidad de hacer la negociación a través de un crédito.
“Lo lógico sería que los préstamos cubrieran al menos 75% del costo total del inmueble, pues en la zona norte no se consigue uno siquiera por Bs 1.000.0000, que es el doble de lo que ofrecen las instituciones financieras”, refirió el representante del gremio inmobiliario.
Aifel Rojas es publicista y locutor independiente. En agosto de 2013 comenzó su “carrera” para adquirir una vivienda. “El 7 de abril de este año firmé el crédito a través del Favv. La contratista me entregó el apartamento en obra limpia, ahora tengo que colocarle, pisos, cocina y otros detalles para poder ocuparlo”.
Pese a las dificultades que tuvo que sortear, el joven comunicador piensa que tuvo suerte. “Me costó 1.000.000 porque la negociación se tardó casi un año”.
Ya antes, Rojas había estado buscando una casa usada, pero los vendedores se negaban a esperar el tiempo que tarda el banco para aprobar el crédito y tampoco le permitieron pagar la inicial fraccionada, por ser contra la ley.
Cambios
El presidente de la Cámara de la Construcción, Nelson Blanco, coincide con De Los Ríos en que debe haber un cambio en las políticas oficiales para reducir el déficit de viviendas.
“Las leyes controladoras y el sectarismo no van a resolver el problema. La cartera crediticia le da prioridad a la Gmvv. Los empresarios que no participen en este programa tienen pocas posibilidades de recibir apoyo financiero”, dijo.
Ratificó que debido a las condiciones actuales, en el estado no hay nuevos proyectos habitacionales, salvo algunas excepciones que llevan adelante planes con capital propio.
“Las empresas nuestras se están dedicando a financiar sus obras, pero apenas son cinco o seis las que están trabajando bajo este esquema, aprovechando que contaban con terrenos aptos”, destacó Blanco.
En estos casos, el mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda, y las ventas se hacen de contado. “No todo el mundo tiene acceso a estas casas. La mayoría está dirigido a un sector de mayores ingresos, que busca respaldar su inversión con un bien que se revaloriza con el tiempo”.
En relación al surgimiento de una nueva forma de transacción en moneda extranjera, la cual supuestamente ha crecido en la misma proporción que la devaluación, Blanco anifestó que desconocía esa práctica.
Este viernes, la pareja conformada por Jhonatan Rodríguez y Lorena Sulbarán, volvieron a revisar los periódicos y a llamar por teléfono para solicitar información sobre los avisos de casas en venta que estaban publicados.
“Seguimos sin tener suerte. Los precios son muy altos y todavía no sabemos cómo se aplicará la nueva normativa del Ministerio de Viviendas para la compra”, afirmó la mujer con cierto desánimo.
Y es que las expectativas para ellos no son muy alentadoras, pues ganan más de dos salarios mínimos cada uno, pero le resulta difícil ahorrar, porque tienen que pagar sus estudios de especialización.
Alquileres
El Ejecutivo nacional evalúa reformar la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas promulgada en noviembre de 2011, la cual impide los desalojos.
Los propietarios están
a la espera de que se fije el nuevo método para establecer el canon de inquilinato, así como la flexibilización de algunas medidas establecidas en la legislación actual.
El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, José Ramón De Los Ríos, indicó que en el estado no se construyen inmuebles de alquiler hace más de 15 años y los que ofertaban dejaron de hacerlo por temor a perder su bien más preciado.
En los avisos clasifica- dos de la prensa, esta opción es exclusiva para las empresas. “ La gente prefiere tener la casa cerrada que alquilarla, para evitar problemas”, comentó Abelardo Acosta, trabajador que anda en busca de un arriendo.
En el mercado secundario las vivienda se cotizan igual que las nuevas. “Representan un activo que todo el mundo quiere preservar, por ello su valor debe ser proporcional a la inflación y la devaluación”, dijo De Los Ríos.
Otra modalidad que utilizan los propietarios es alquilar por días y en temporadas vacacionales, sólo a grupos o empresas. Los precios varían según el tamaño y la ubicación, desde Bs 5.000.
Control del déficit
En la zona norte de Anzoátegui el área de mayor expansión está ubicada en Nueva Barcelona y el oeste de la capital, donde se han construido la mayoría de los desarrollos de viviendas en los últimos años. Para especialistas en materia inmobiliaria como José Ramón De Los Ríos, se requiere agilizar esta actividad a fin de reducir el déficit habitacional, estimado en 200.000 unidades. “El Ejecutivo debe edificar 50 mil casas anuales para evitar que este indicador siga creciendo y poder controlar la situación en un lapso de cinco a seis años”. Señaló que esta meta es posible con el respaldo técnico del sector privado y la inversión del gobierno.
| FUENTE: Katy Jurado - http://eltiempo.com.ve |
