La consideración anterior fue expresada este lunes por el dirigente político y periodista venezolano José Vicente Rangel, en su columna semanal El Espejo, publicada en el diario Últimas Noticias, en la cual además hizo hincapié en la importancia que reviste para el país abrir un debate nacional para determinar responsabilidades, arbitrar recursos legales y políticos, la efectiva participación popular y el control social.
Para Rangel, las anteriores se corresponderían a una reacción democrática, "ajustada a derecho, para penetrar las guaridas de quienes reúnen la doble condición de políticos y delincuentes".
Recordó que la corrupción como fenómeno tomó fuerza durante la IV República y convirtió a la institucionalidad democrática en un escenario propicio para la "inmoralidad", con lo cual se facilitó la comisión de delitos contra la cosa pública.
En ese sentido, puso el acento en que la realidad nacional está plagada de grupos poderosos que promueven el delito, violan deliberadamente la ley y ello se une a nexos políticos que tienen con grandes grupos económicos.
Al respecto, Rangel planteó que el Gobierno Nacional podría responder con una declaratoria de emergencia del Estado de derecho que consagra la Constitución.
Violación de la Constitución en la IV República
José Vicente Rangel recordó el caso del diputado de derecha Richard Mardo, a quien le fue levantada la inmunidad parlamentaria, luego que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente el antejuicio de mérito por estar presuntamente incurso en los delitos de defraudación tributaria y legitimación de capitales.
Refirió que contradictoriamente la oposición alegó que la Carta Magna de 1999 fue violada, pero votó contra ella al ser aprobada y luego también, el 11 de abril de 2002, cuando perpetró el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
Rangel explicó que los procedimientos legales en el caso del referido parlamentario fueron realizados apegados a la norma, en tanto una comisión de la Asamblea Nacional inició la investigación y el resultado lo elevó al Ministerio Público. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar el antejuicio de mérito y autorizó el allanamiento del legislador.
Al puntualizar este caso, trajo a colación que durante el gobierno de Rómulo Betancourt éste ordenó detener, sin cubrir los aspectos legales, a 18 parlamentarios del Partido Comunista de Venezuela y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entre otros dirigentes como Gustavo Machado, Jesús Faría, Pompeyo Márquez, Domingo Alberto Rangel, Jesús María Casal y Jesús Villavicencio.
Todos, agregó el periodista, fueron detenidos arbitrariamente en el Cuartel San Carlos y "cuando el caso se debatió en el Congreso uno de los ideólogos del puntofijismo recurrió a la peregrina tesis de que no era necesario cumplir lo establecido en la Constitución del 61 en materia de inmunidad porque los parlamentarios presos estaban acusados de rebelión militar. Es decir, de un delito que, por su carácter sustantivo, su tipicidad, estaba por encima de las previsiones consagradas en la Constitución del 61".
Los detenidos pasaron más de 1.000 días y años de cárcel, rememoró Rangel.
| FUENTE: AVN |
