jueves, 23 de mayo de 2013

Legislación venezolana impide prescripción de delitos contra el patrimonio público

El marco jurídico venezolano, que cuenta con herramientas excepcionales para robustecer la lucha contra la corrupción, establece que los delitos contra el patrimonio público son imprescriptibles, explicó la contralora general de la República, Adelina González.
Durante la clausura del Seminario de Control Fiscal para Periodistas de medios públicos y privados, González destacó que la Ley contra la Corrupción es muy moderna y establece que los delitos contra el patrimonio público no prescriben "y no van a prescribir. Los primeros que debemos convencernos de que eso va a ser así somos los funcionarios administrativos".

En la actividad, realizada ayer miércoles en la sede de la Contraloría General de la República, en Caracas, indicó que el tiempo del ejercicio de funciones públicas no es determinante al momento de iniciar procesos de investigación—que puedan conllevar o no a sanciones administrativas—sobre los funcionarios que cometan delitos de corrupción contra el patrimonio de la nación.

"Tenemos un marco jurídico excepcional, partiendo de la Constitución de la República que es, al menos en Latinoamérica, la única que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público y contra los derechos humanos", agregó González.

Exhortó a la confiabilidad en las competencias que tiene la Controlaría, organismo que a través de su Sistema Nacional de Control Fiscal, desempeña un cronograma anual de auditorías y fiscalizaciones a las instituciones públicas.

Señaló que hasta la presente fecha hay más de 1.300 funcionarios inhabilitados para desempeñar cargos públicos.

Informó que desde las instituciones, particularmente en la Controlaría, se trabaja para modernizar el sistema de aplicación de auditorias y verificación de casos (declaraciones juradas de patrimonio).

"Es necesaria la modernización del sistema para desmontar el entramado de la corrupción", expresó tras explicar que el único ente que verifica y audita es la Contralaría General.

Adelantó que una vez lograda la modernización tecnológica del sistema auditor será posible agilizar el proceso, identificar instituciones que incurran en delitos, como el caso de la omisión de información fiscal, y reducir en consecuencia los actos de corrupción.

Informó que en procedimientos avanzados de investigación y determinación de actuación culposa de funcionarios han sido sancionadas entidades financieras, por omitir información que entorpece el proceso.

"Es todo un entramado en beneficio de la corrupción que estamos atacando y que será posible con la modernización de nuestro sistema dentro de las instituciones del Estado", insistió.

FUENTE: AVN

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