La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que en la reunión del Órgano Superior de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, se evaluó el trabajo realizado desde el 21 de junio de este año, con el objetivo de afinar estrategias para avanzar en materia de seguridad y justicia social.
En la actividad realizada este miércoles 31 de octubre en el salón “Congreso de Angostura” de la sede principal del Ministerio Público, ubicada en la avenida México de Caracas, se crearon tres mesas técnicas que se encargarán de trabajar temas como la Metodología para Crear la Convivencia Ciudadana, el Sistema de Justicia Penal y el área Comunicacional.
Igualmente, se acordó unificar criterios sobre las acciones desarrolladas por los equipos de trabajo y que el Ministerio Público será el responsable de llevar el tema del Sistema de Atención a la Víctima, por lo que se deberá elaborar un esquema de trabajo en esta temática.
También, aseveró que se estructuraron equipos de trabajo para avanzar en la convivencia ciudadana, vecinal y de justicia.
Ortega Díaz manifestó la importancia de incorporar al pueblo a la mencionada Gran Misión, pues debe ser partícipe en la solución de sus problemas, bajo el criterio de que la seguridad no puede ser sólo responsabilidad de una institución sino del Estado y de todo el país.
En la reunión estuvieron presentes la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales; la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez; y los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, y Educación Universitaria, Néstor Reverol y Yadira Córdova, respectivamente.
Ministerio Público profundiza la municipalización de la justicia
Ortega Díaz recordó que en el 2008 una de las primeras medidas que adoptó el Ministerio Público, fue la creación de las fiscalías municipales, las cuales ejercen la acción penal en los casos de faltas y delitos cuyas penas no excedan de tres años en su límite máximo.
En ese sentido, señaló que el Ministerio Público cuenta con 22 despachos municipales a escala nacional, que han logrado que se dicten más de 30 condenas en casos que afecten la convivencia vecinal, específicamente la colocación de música a alto volumen, acción que perturba la tranquilidad pública y privada de una comunidad.
Adicionalmente, indicó que las personas que incurren en ese tipo de situaciones deben cumplir penas o sanciones que reparen el daño causado, mediante la realización de trabajo comunitario e imposición de multas.
FUENTE: Prensa MP