El proyecto de ley de misiones del candidato presidencial de la derecha, Henrique Capriles Radonski, propone privatizar el financiamiento de los programas sociales.
En el artículo 10 referente al financiamiento de las misiones, Capriles plantea en su proyecto que, además de los recursos públicos regulares, el financiamiento “contará además con el apoyo del sector privado”.
En la propuesta legal, el abanderado opositor elimina por completo el subsidio y el apoyo que otorga a las misiones Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), lo cual coincide con los lineamientos del programa de gobierno de la oposición de suprimir el rol social de la estatal petrolera y “reorientarse hacia el desarrollo de capacidades tecnológicas, administrativas y comerciales".
Diputados del partido de Capriles, Primero Justicia, consignaron este miércoles en la Asamblea Nacional la propuesta legal que contiene un total de 16 artículos y dos disposiciones finales sobre las misiones, un conjunto de programas sociales ya puestos en marcha por el Gobierno Bolivariano en beneficio de los sectores más excluidos de la población, pero que la oposición intenta incluir en su campaña con fines netamente electorales.
En un documento de asesoría, denominado “sólo para consumo interno”, preparado por el comando de campaña le recomiendan a Capriles que si en su propuesta no incluía las misiones “resultaría en un menor apoyo electoral”.
Incluso, en el seno de la llamada Mesa de la Unidad (MUD) admiten enfrentarse ante un dilema: “¿Si la gente cree que vamos a quitar las misiones, corremos del riesgo de perder una cantidad importante de votantes?”.
El texto opositor añade que “si al mismo tiempo, buscando resolver lo anterior nos dedicamos a venderlas (misiones) sin una postura crítica original hacia ellas, mucha gente puede pensar que es preferible entonces quedarse con su padre original (Hugo Chávez)”.
Casi una década lleva la oposición venezolana atacando las misiones sociales impulsadas por el Gobierno Bolivariano, y hace cinco años fue satanizada en el proyecto de la reforma constitucional, que planteaba darle rango constitucional a estos programas dirigidos a dignificar y mejorar la calidad de vida de aquellos sectores de la población venezolana que fueron excluidos de las políticas sociales durante los gobiernos de la cuarta república.
FUENTE: AVN
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