Ortega Díaz, quien preside la Comisión por la Justicia y la Verdad, detalló que al inició de las investigaciones existía una data de 1.600 casos, sin embargo al recopilar información con los familiares y amigos de las víctimas la cifra aumentó.
Esta cantidad de personas fueron perseguidas, torturadas, desaparecidas y ejecutadas por motivos políticos en 40 años del puntofijismo neoliberal.
Hasta noviembre del pasado año, la Comisión para la Justicia y la Verdad, creada en 2013 para recabar e investigar información sobre estos casos, tenía un total de 44.000 expedientes para ser investigados.
Ortega Díaz, tras salir de una reunión con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez Alvarado, comentó que existen varias órdenes de captura incorporados al código rojo de la Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés), contra algunas personas responsables de asesinatos y torturas en la cuarta República.
Mencionó el caso de los ex funcionarios policiales Henry López Sisco y Luis Posada Carriles, que se encuentran prófugos de la justicia venezolana y protegidos por algunos países del continente.
Durante los gobiernos de la IV República (entre 1958 y 1998) los órganos de de seguridad del Estado desaparecieron, torturaron, asesinaron y persiguieron a miles de dirigentes de movimientos populares y campesinos, líderes estudiantiles y sociales que luchaban por una Venezuela de justicia y de inclusión social.
En la reunión de este miércoles en el TSJ también participó el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, quien informó que tienen identificados los restos de cuatro víctimas de la política de persecución de los gobiernos de la IV República. Dijo que en los próximos días los restos serán entregados a sus familiares.
"Tenemos documentados para ser entregados a sus familiares, cuatro restos de mártires de esa época identificados con nombres y apellidos", dijo.
Saab comentó que este martes se reunió con los familiares de víctimas de las guarimbas ejecutadas por grupos terroristas el pasado año, entre ellos resaltó la presencia de la madre de Adriana Urquiola, quien fue asesinada con cinco meses de embarazo, al intentar transitar por el sector Los Nuevos Teques, estado Miranda, donde grupos violentos bloqueada la vía.
Recordó que existe una alerta roja por Interpol contra el presunto asesino, identificado como Jhonny Eduardo Bolívar Jiménez. "Debe responder a la justicia y ser procesado ante las leyes de Venezuela".
Además, rechazó que el Tribunal Supremo de Justicia de Colombia no haya dictado sentencia sobre la extradición de Leiver Padilla Mendoza, autor material del asesinato del diputado revolucionario Robert Serra y su compañera María Herrera, ocurrido el pasado 01 de octubre en Caracas.
"Han pasado tres meses y Colombia ha guardado silencio en este tema, que desdice del Estado de derecho de ese país", añadió.
| FUENTE: AVN |
