Lidosca Rondón, quien vivía en el lugar y es madre de tres menores de edad, expresó que “No sabemos que hacer, fue un golpe bajo, estamos muy inestables, todo fue muy rápido”.
Por su parte, Elisaúl Domínguez, quien vivió en el lugar por más de 20 años enfatizó que, “Le dieron un plazo muy corto para retirar sus pertenencias, las personas de la inmobiliaria picaron el candado de seguridad y los sacaron como si fueran unos delincuentes a una madre a y a sus dos hijos”.
Domínguez contó que “Tuvimos que salir de ahí por el acoso que nos tenían con la policía y tribunales en aquel entonces. Dejamos a la familia Flores encargados del terreno y tienen más de 23 años viviendo en el lugar y existe un título registrado a nombre de Gloria Pernalete, que es mi madre, donde un tribunal de carácter le dio los derechos sobre el terreno”.
Además explicó que “Todo este proceso jurídico tiene una sentencia en el tribunal supremo de justicia y ellos se brincaron todo eso, ellos habilitaron un tribunal y rompieron un decreto presidencial que es la prohibición del desalojo. Le pagaron a dos jueces y realizaron el desalojo”, aclaró Domínguez.
Por último enfatizó que “Esta gente de la noche a la mañana cometieron un acto fuera de toda conducta jurídica porque los desalojos están prohibidos. Hicieron un desalojo arbitrario e incurren en un delito porque le falsificaron la firma a mi padre que es Horacio Domínguez”.
Procuraduría reacciona
En tal sentido, por orden del procurador del estado, Pedro Rodríguez, quedaron paralizados los trabajos de cerramiento que inició la inmobiliaria Antillas en el terreno.
“Se tomó la decisión de paralizar el trabajo y retener las máquinas que estaban utilizando hasta tanto los representantes de la inmobiliaria presenten toda la documentación referente a la supuesta titularidad del terreno. Los esperamos en la procuraduría”, expresó el procurador en un medio impreso de la región.
| FUENTE: Crisbel Villarroel - http://www.notivargas.com |
