"Un alcalde tiene la obligación de hacer cumplir la Constitución y las leyes, no de fomentar la violencia, la anarquía y la rebelión civil", escribió a través de su cuenta en Twitter, @RodriguezT_MIJP, en referencia a la vinculación de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, estado Táchira, a los actos de violencia registrados durante los últimos 34 días en la entidad andina.
Más temprano, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz informó la captura de Ceballos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), atendiendo una orden de captura en su contra dictada por el Tribunal Primero de Control.
Al respecto, publicó: "La detención de Daniel Ceballos es un acto de justicia. Este alcalde facilitó y apoyó la violencia irracional que se desató en San Cristóbal".
El pasado lunes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó al alcaldes Daniel Ceballos, del municipio San Cristóbal, estado Táchira; así como a los burgomaestres Gustavo Marcano, del municipio Diego Bautista Urbaneja (Lecherías), estado Anzoátegui; Eveling Trejo de Rosales, del municipio Maracaibo, estado Zulia, y Ramón Muchacho, municipio Chacao, estado Miranda, aplicar las acciones requeridas para evitar la ejecución de guarimbas en esas jurisdicción.
La decisión obliga a los referidos funcionarios a realizar acciones y utilizar recursos materiales y humanos para evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos.
La sentencia del máximo tribunal del país ordenó que se proceda "a la inmediata remoción de tales obstáculos y se mantengan las vías y zonas adyacentes a éstas libres de residuos y escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana".
También la Sala Constitucional solicitó a los alcaldes cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos, a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de sus municipios y velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario, ante la desatención en que habrían incurrido estos alcaldes.
El fallo ordenó a los burgomaestres que giren las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal, para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en los artículo 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
| FUENTE: AVN |
