“Yo tengo mi conciencia muy tranquila y por eso vengo a los tribunales a solicitar justicia, para que estos dos siniestros personajes respondan legalmente por la atroz campaña de descrédito que han desatado en mi contra y de mi familia, pero conociendo sus antecedentes lo dudo, los dos son incapaces de asumir la responsabilidad de sus actos porque están acostumbrados al chantaje y la mentira”, aseguró.
El empresario pronosticó que tanto Velásquez como Natera tratarán de burlar la ley, como siempre lo han hecho: “El primero tratará de escudarse en su condición de diputado y el otro tratará de engañar a la colectividad, gritando que es un atentado contra la libertad de expresión cuando en realidad se trata de que sea valiente y asuma la responsabilidad de sus actos ante la justicia”.
Mustafá asegura que el origen de esta campaña –como tantas otras del pasado- orquestada por la siniestra dupla Velásquez-Natera tiene un claro interés político-económico, “ambos quieren regresar a la gobernación para retomar los guisos y negocios que los hicieron multimillonarios y les permitieron montar hasta una televisora, comprar cuantiosos bienes inmuebles y hasta varios aviones. Ellos extrañan esos tiempos de corrupción que los hicieron inmensamente ricos”.
Para el empresario es una ironía de muy mal gusto que estos sujetos, cuyas andanzas son bien conocidas en Guayana estén “ondeando las banderas de la honestidad, de la rectitud y de la probidad, cuando son todo lo contrario y no escatiman esfuerzo alguno en desprestigiar a quienes se atrevan a competir con ellos en una iniciativa o empresa como lo hemos hecho nosotros con PRIMICIA”.
Mustafá destacó que no hay que olvidar que Velásquez es “un político en decadencia que en la década de los ochenta llegó a ocupar la Gobernación del Estado Bolívar, asumiendo el ejercicio de una función para la cual no estaba capacitado, lo cual quedó demostrado al haberse establecido su responsabilidad administrativa y la de su secretario de Gobierno, Eliecer Calzadilla, en irregularidades administrativas que el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia confirmó. Pese a estas sentencias estos sujetos, de manera descarada, pretenden erigirse como los paladines de la lucha contra la corrupción, de la que se valieron para llegar a la Gobernación.”
En el caso del socio y aliado comercial de Velásquez, David Natera, Mustafá aseguró que “actúa movido por un injustificado engreimiento y una descomedida soberbia, lo cual le impide comprender que el límite del ejercicio de sus derechos se encuentra donde comienzan los derechos de los demás, y prevalido en ese medio de comunicación se ha acostumbrado a cometer atropellos. Así ocurrió cuando montó la televisora en un edificio de esta localidad, al que alteró toda la fachada y ocupó espacios comunes en perjuicio del resto de los condominios, a uno de los cuales me tocó defender en el ejercicio de mi profesión de abogado, generándose allí una controversia y animadversión de su parte hacia mi, que hizo cumbre cuando se enteró que había decidido incursionar el mundo de los medios de comunicación”.
Mustafá dijo que no hay que olvidar que Natera, para establecer la sede de su periódico, ocupó el espacio de la Junta Comunal de Villa Colombia, que formaba parte del dominio público del Estado, “en un acto atroz que llevó aparejado el despojo de un modesto periodista que venía desarrollando su actividad desde uno de los locales de las instalaciones que fraudulentamente ocupa. Las agresiones que realizaba en contra del honor y reputación de las personas debían ser repelidas mediante grafitis en las paredes de la ciudad, siendo un hecho recordado la encarnizada lucha que mantuvo con unos miembros de su partido Acción Democrática, quienes lo denominaban “LA YEGUITA SE DEJA”, nombre con el cual en la memoria del pueblo de Guayana y de Ciudad Bolívar -de donde surge el apodo de sus amigos de infancia- lo reconocen”.
Campaña difamatoria
Mustafá explicó que la campaña difamatoria emprendida por Velásquez y Natera, a través de Correo del Caroní, arrancó el pasado mes de mayo y desde entonces se ha ido tornando cada día más y más agresiva.
“El diputado Andrés Velásquez realizó una rueda de prensa para denunciar una presunta red de corrupción en la Gobernación del Estado Bolívar que me involucraba, valiéndose para ello de unos documentos que afirmó le llegaron de forma anónima”.
“Allí inició una campaña que no ha aflojado, por el contrario se ha incrementado, lo que me obligó a realizar una rueda de prensa y rebatir todos los hechos que se me estaban imputando, aprovechando la oportunidad para señalar que el único corrupto convicto y confeso en este estado era el diputado Andrés Velásquez y su secretario de Gobierno, Eliecer Calzadilla, cuya responsabilidad fue declarada por la Contraloría General de la República en actos administrativos que quedaron definitivamente firmes”.
Mustafá relata que Velásquez y Natera están tratando de valerse de su comparecencia ante la DIM -en calidad de testigo en un caso de extorsión- para tratar de hacerlo pasar por delincuente, cuando está plenamente demostrado que es una víctima y no victimario.
“El día 8 de mayo de 2013 acudí ante la DIM para una entrevista relacionada con una investigación que se estaba llevando a cabo por una denuncia efectuada por un gerente de la empresa Ferrominera, sobre supuestos actos de extorsión desplegados por un coronel de ese organismo militar, a la que acudí personalmente y suministré toda la información y pruebas que tenía en mis manos sobre hechos relevantes relacionados con esa investigación, quedando a la espera y expectativa de atender cualquier otro nuevo llamado que me efectuaran los órganos que llevaban a cabo esa investigación”.
Destaca Mustafá que al adquirir este hecho notoriedad comunicacional estos personajes iniciaron una nueva campaña de descrédito “que se concretó a través de informaciones manipuladas y difundidas por el diario Correo del Caroní.”
Desde el 10 de julio no ha cesado la campaña, “ese día apareció publicada en Correo del Caroní una información titulada La Revelación de Sabbagh confirma red de extorsión en Comercialización de FMO, en las que de manera insólita señala que un anónimo les hizo entrega de parte de las actas de esa investigación que actualmente están bajo reserva del tribunal, las cuales señala que cuentan con cuatrocientos (400) folios, haciendo además una serie de interpretaciones y juicios sobre las declaraciones que se realizan de forma aislada en esas actas del expediente, en la que particularmente pretenden descargarme y atribuirme toda la responsabilidad sobre los hechos investigados”.
En un acto claramente ilegal este diario señala que los datos mencionados fueron extraídos de las actas de las entrevistas del expediente N° 47C-16.156-13, “el cual supuestamente fue entregado por un anónimo al diputado difamador de la Causa R, Andrés Velásquez, lo cual constituye un delito que motiva la apertura inmediata de una investigación, por ser información bajo reserva que está además siendo procesada por el organismo encargado de efectuar la contrainteligencia militar, como ya lo hemos venido señalando”.
Esas actas están siendo colgadas en la página digital del diario Correo del Caroní, dándose de esta manera al traste de la reserva que impide que las mismas puedan ser sometidas al conocimiento de terceros.
“La gravedad de los hechos que aquí estoy señalando, con relación a la manipulación de las actas procesales de una investigación penal que son objeto de reserva, es de tanta gravedad que puede inclusive llegar a aparejar la nulidad de la investigación que se está realizando, de allí que este es un hecho que debe ser investigado para hacer recaer todo el peso de la Ley sobre los responsables”, señaló Mustafá.
Carne de cañón
Deploró Mustafá que “la cobardía de esta asociación delictiva se agrava cuando el “editor” David Natera Febres manipula a jóvenes periodistas para pretender descargar en ellos la responsabilidad de las acciones delictiva que de manera reiterada y agravada están cometiendo. Es un daño que le está haciendo tanto a ellos, a quienes pretende utilizar como carne de cañón, como al periodismo en general”.
El empresario recordó que “las personas que están siendo sometidas a esta investigación, tienen el derecho de ser juzgados por los tribunales competentes y por sus jueces naturales, y no por Andrés Velásquez David Natera y Clavel Rangel. Los expedientes judiciales deben ser analizados como un todo. La valoración de la declaración de un testigo es una acto complejo que requiere una adecuada formación profesional, para determinar si el testigo dice o no la verdad, o si pretende evadir o descargar en otro su responsabilidad, y esa es una labor que corresponde a los jueces, y no a los periodistas, a los políticos, y mucho menos si estos actúan movidos por un interés particular, como ocurre en este caso”.
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