Jason Quintana es trabajador en la Corporación de abastecimiento del Estado Bolivariano de Miranda (Camsa), ente adscrito a la Gobernación que se encarga de la distribución de alimentos para programas como "Hambre Cero".
Explicó que en marzo del año pasado sufrió un accidente laboral, por falta de medidas de seguridad, que le produjo una lesión en la pierna izquierda que le ocasionó un síndrome postrombótico, enfermedad que requiere de tratamiento de por vida.
"Haciendo unas donaciones de Hambre Cero en El Hatillo, llevaba una carretilla con 200 kilos de alimentos, cuando lo estipulado por la ley del trabajo son 25 kilos por hombre, sufrí una caída por falta de seguridad y esos 200 kilos cayeron en mi pierna izquierda y de allí tengo una secuela de por vida", relató el joven de 34 años quien agregó que invierte más de 2000 bolívares en tratamiento y consultas médicas cuando cuenta con un salario mensual de Bs 2.300.
Este padre de familia que vive alquilado en un anexo junto a su esposa y dos hijos de 5 años y 7 meses, destacó que en reiteradas oportunidades ha solicitado conversar con la presidenta de Camsa, Yalcira Ledezma, debido a que desde octubre no le prestan el apoyo financiero con el pago del tratamiento, no obstante, "su personal asistente le informa que no se encuentra en la sede o está ocupada en algún acto de campaña de Capriles".
"Ellos me llamaron en octubre para decirme que la señora Yalcira podría recibirme, cuando llego a la oficina está es una auditora que afirma que yo introduje la misma factura dos veces para su reembolso, si bien es cierto, ello sólo tenían que descontar el monto de mi sueldo y continuar prestando el apoyo pero ellos se negaron rotundamente a cancelarme el pago de mis medicinas y sarcásticamente me dijeron que me habían ayudado mucho y ahora me tocaba pagar con mi quincena el tratamiento, con eso bastaba y sobraba", explicó.
Destacó que expuso su caso ante la Inspectoría del Trabajo, en Caracas. Este trabajador calificó la gestión de Capriles como inhumana y que además "viola los derechos del trabajador pues no existen medidas de seguridad laboral para el trabajador, no cumplen con el pago del tratamiento de los casos que son accidentes laborales e irrespetan la dignidad humana del servidor público y de su familia".
"Mi reposo médico está a punto de vencerse, ya el doctor me dio un informe médico para reintegrarme a mis labores con un cambio de actividad, pero en mi oficina ya me dijeron que no iban a aceptarme así y que debía ir al Hospital Pérez Carreño para corroborar si es cierta la lesión que tengo", añadió.
Maritza Ojeda cuenta otro caso de maltrato laboral por parte del organismo regional. La señora prestó 25 años de servicios en la Gobernación de Miranda y salió jubilada en el 2009 con un salario de Bs 1.177.
Ejercía como psicóloga en el servicio médico de la Guardería del estado Miranda, ubicada en la ciudad de Los Teques, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos.
"El gobernador Capriles me jubiló con un salario mensual de Bs 1.177, esto es ilegal porque es el 62% del sueldo para una persona que estuvo 25 años trabajando. El contrato firmado entre el gobernador y el Sindicato Unitario de Empleados Públicos del estado Miranda (Sunep) tiene una cláusula donde el trabajador jubilado debe irse con el 100% del sueldo, Capriles desconoció este acuerdo y nos quitó más del 38% de salario", denunció.
Señaló que luego de su dictamen de jubilación asistió hasta la sede a solicitar una audiencia con la directora de personal, el cual fue negado. "Es una burla y un abuso por parte de este gobernador (Capriles); no sólo causa al trabajador daños financieros sino psicológicos. El llamado es a que Capriles asuma sus responsabilidades(...) irrespeta a los trabajadores, promete incremento salarial al país y a los servidores públicos de Miranda nos atropella continuamente", enfatizó.
| FUENTE: AVN |
