El parlamentario elevó su voz crítica en noviembre, cuando se cumplió un año de la vigencia del instrumento jurídico, cuyo nombre real es Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998. Se había perdido el primero de los tres años de plazo que la misma Asamblea Nacional se dio para cumplir el objetivo y ni siquiera se había designado a los miembros de la Comisión de la Verdad. “Es una autocrítica que tenemos que hacernos los bolivarianos con responsabilidades en la conducción del Estado y de la sociedad. Un año después de haber aprobado esa ley no se ha avanzado sustancialmente”.
Soto Rojas espera que con las movilizaciones realizadas por los familiares de las víctimas, pronto se complete la designación de los miembros de la Comisión de la Verdad, estipulada en la referida ley.
—¿A qué le atribuye usted que haya transcurrido un año sin que se designe la comisión?
—A las limitaciones y dificultades que tenemos en el proceso bolivariano. Hay como un desorden creador que a veces significa retrasos. Por otro lado, ha faltado más movilización de los interesados en que la ley se cumpla. Hace falta un movimiento más contundente, como los que hubo en Argentina y Brasil, un movimiento de masas importante que pida justicia en la lucha contra la impunidad. Desde hace tiempo estamos un poco quedados en eso, hemos dejado todo en manos de la iniciativa institucional y eso no es suficiente. Esto no debe depender de la voluntad del jefe de un Poder Público, llámese Asamblea Nacional, llámese Fiscalía. Tiene que haber un movimiento de masas impulsando el proceso.
—El Ministerio Público habla de 122 casos. ¿Es esa la totalidad a investigar?
—No, son muchísimos más, sobre todos en zonas populares y campesinas. Nada más en los alrededores de las montañas de El Bachiller, son muchos más. El puntofijismo torturó, asesinó y desapareció más gente que Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez juntos. Esas dictaduras fueron niñas de pecho frente al puntofijismo. Por eso es un error que cometen algunos compañeros que hablan de ese tiempo como “una democracia”. No lo fue, fue un régimen delictual, que cometió tres tipos de crímenes: los de la corrupción; los de la entrega de la soberanía nacional; y los de la represión: torturas, masacres y asesinatos por razones políticas. Todavía no se ha hecho un verdadero balance de los crímenes del puntofijismo.
—¿Con casos emblemáticos, como el de Fabricio Ojeda y Cantaura, se puede generar impulso para que avancen otros menos conocidos?
—Sí, esos casos pueden ayudar a encaminar la cosa, pero hace falta más entusiasmo y más presión para que en 2013 arranquen las investigaciones con pie firme.
—Muchos de los presuntos responsables de los crímenes políticos ya han fallecido o están muy ancianos. ¿Tiene sentido enjuiciarlos?
—No para meterlos presos en un calabozo, pero sí por el juicio moral, que su castigo sea el ostracismo político, que frente a la historia quede claro que entre 1958 y 1998 hubo torturados, asesinados y desaparecidos. Hay gente que ya falleció, como Carlos Andrés Pérez, pero otros, como Octavio Lepage (ministro de Relaciones Interiores cuando fue asesinado Jorge Rodríguez, padre) siguen vivos y nunca han asumido su responsabilidad. El imperio español, cuando le cortaba la cabeza a un patriota, decía que lo hacía en nombre de Dios y del rey de España. El puntofijismo nunca asumió sus crímenes, salvo cuando Betancourt dijo “disparen primero y averigüen después”.
—¿Los crímenes que va a investigar esta comisión son sólo los del Estado o también los que hayan cometido los movimientos insurreccionales?
—Todo, todo, incluso hay acusaciones contra la guerrilla y todo debe investigarse, de modo que al final quede clara la verdad. La idea es saldar cuentas con el pasado, con el siglo XX.
—¿Y se podrá lograr una meta tan ambiciosa?
—Claro que sí, otros países lo han hecho en procesos más complejos. No tenemos que inventar nada, hay experiencias en países como Argentina, que nos pueden iluminar el camino. No es tan difícil, se trata principalmente de abrir los archivos del Estado y no son tantos los expedientes los que hay que revisar. No son millones.
—¿La posibilidad de que se apruebe una amnistía para personas detenidas actualmente, no iría en dirección opuesta a la Ley contra el Olvido y la Impunidad?
—En principio, aquí ya no hay presos políticos. Desde Páez hasta el puntofijismo, aquí los presos políticos eran gente que iba a parar a la cárcel por sus convicciones, pero estos personajes que hoy están presos o en el extranjero son autores de delitos comunes, de corrupción, evasión de impuestos, robo, especulación. No hay un planteamiento político. Ahora, el Presidente tiene la atribución de revisar cualquier caso de delito o falta. Cuando ganó las elecciones y le preguntaron por ese tema, él dijo que si le hacían una propuesta la revisaría. Sería bueno que la oposición puntualice, diga “defendemos a fulano, fulano y fulano”, pero con argumentos concretos para cada caso. No basta con el cuento de que son presos políticos.
RENOVAR EL PSUV
Tiene la nada modesta aspiración de reescribir la historia contemporánea de Venezuela. Una vez hasta hizo el proyecto y buscó apoyo de historiadores para investigar lo que realmente pasó en el país en el siglo XX. Asuntos más urgentes han postergado la compleja obra.
Lo que sí escribió fue un pequeño libro, llamado Historias de la montaña, en el que hace un balance de la lucha armada y de las responsabilidades que tuvo como combatiente y comandante. “Mucho después de que me muera, la gente tendrá claro qué fue lo que hizo el viejo Soto cuando estuvo por acá”, dice.
También está empeñado en desentrañar todos los secretos guardados durante los 40 años que el país vivió bajo los parámetros del Pacto de Punto Fijo. Pero, no hay que equivocarse. Fernando Soto Rojas no está obsesionado con el pasado. También tiene interés en revisar el presente y el futuro: “Después de que pasen estos combates electorales hay que hacer un gran balance para discutir los elementos fundamentales de la coyuntura política mundial y nacional –explica–. También hay que evaluar la gestión bolivariana de estos 13 años; debemos hacer una revisión del Partido Socialista Unido de Venezuela y de su programa; y acordar la elección democrática de una nueva dirección que encarne a este movimiento, conocido como el chavismo”.
Reconoce que es una propuesta muy polémica. “Uno debe ver más allá de las narices, vislumbrando ese país que viene en los próximos años, al menos hasta 2030”, sentencia.
FUENTE: Clodovaldo Hernández- Ciudad Ccas - http://www.correodelorinoco.gob.ve |