Representantes del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Miranda (Suteem) denunciaron que el actual gobernador de la entidad, Henrique Capriles Randoski, tiene cuatro años de gestión dando excusas para no cancelar las deudas que mantiene con más de 13.000 educadores, entre activos y jubilados.
La presidenta de Suteem, Niover Ortega, refirió que cada día la preocupación dentro del gremio crece debido a que el Ejecutivo regional ha incumplido el cronograma acordado con los gremios de maestros en cuanto a las reivindicaciones socioeconómicas.
Uno de los acuerdos firmados en el acta del 11 de junio pasado ante la Inspectoría del Trabajo consistía en cancelar la homologación aprobada en 2011 por el Ministerio de Educación de manera fraccionada: 25% en septiembre, otro 25% en diciembre y el 50% restante en abril de 2013. No obstante, en septiembre sólo se canceló el porcentaje fundamentado en las primas universales (transporte, jerarquía, ejercicio docente y educación especial), sin consultar a los gremios e irrespetando el acuerdo.
"Logramos que la Gobernación reconociera la homologación que dictaminó el Ministerio de Educación mediante un compromiso de pago. El primer pago, de 25%, correspondía a septiembre. Cuando realizan el depósito de la homologación sólo lo hacen de las primas más no de 25% del sueldo. Ahora nos deben el 25% de septiembre más el 25% que les corresponde cancelar en diciembre", precisó.
La Gobernación también adeuda a los docentes tres días de bono vacacional y dos días de la semana de ajuste salarial, correspondientes al año escolar 2011-2012, que debió ser cancelado en julio de este año y hasta la fecha no ha sido cancelado a los 11.000 docentes activos.
"El 1º de octubre entregamos una comunicación al director general de Educación (Juan Maragal) y administrador de la Gobernación para solicitar una respuesta en relación con los cinco días que nos deben. Todavía no hemos tenido ninguna respuesta y desconocemos dónde está ese dinero", expresó Ortega.
Deudas y más deudas
En dicha comunicación también solicitaron a la Dirección de Educación del estado Miranda esclarecer la forma de cálculo para el pago del fidecomiso correspondiente al año escolar 2011-2012, debido a que no se ha depositado en las cuentas del personal docente adscrito a la Gobernación desde junio de 2010.
"Ni en junio de 2010 ni en 2011 ni en 2012 se nos depositó el fideicomiso que corresponde a las prestaciones sociales de más de 11.000 docentes. Para aquel momento correspondían 5 días; ahora, de acuerdo con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, son 15 días trimestrales. Las autoridades regionales sostienen que ellos están cancelando los intereses de la Gobernación más los intereses que corresponde pagar al banco sin tener el dinero depositado. No entendemos entonces cómo están realizando el cálculo, el silencio persiste y no dan explicaciones", denunció Ortega.
La secretaria de Organización de Suteem, María Eugenia López, indicó que estas irregularidades se vienen presentando continuamente desde que comenzó la gestión de Capriles como gobernador. La más reciente fue el 15 de noviembre pasado, con la cancelación de 90 días de aguinaldos, de los 120 que les corresponde a los docentes.
"Dudamos de los cálculos que hace la Gobernación para cancelarnos, no sólo con los intereses del fideicomiso sino además en los tres meses de aguinaldos que nos cancelaron en la mañana del 15 de noviembre que, si bien lo pagaron, se excluyeron las primas universales y los bonos por una falla de nómina que corrigieron sólo porque los docentes reclamamos nuestros derechos", señaló.
Sostuvieron que es incierto el pago de los 20 días restantes del aguinaldo que corresponde pagar en diciembre, pues "lamentablemente las explicaciones de la Gobernación se resumen en que el Gobierno Nacional no ha enviado el dinero". Sin embargo "en 2011 estuvimos en una asamblea con los gremios estadales y demostramos que el Gobierno Nacional bajó los recursos a la Gobernación e igualmente quedó demostrado en el 2012", dijo Ortega.
Acoso laboral
En 2011 educadores de la entidad demandaron a la Gobernación de Miranda ante el Tribunal Décimo de lo Contencioso de la Región Capital por el Decreto número 2011-0117 de fecha 27 de abril de 2011 suscrito por el actual Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, donde señala que los trabajadores de la educación que pertenecen a la nómina 20 (docentes suplentes de la entidad), deben participar en un concurso público para pasar a interinos, desincorporando de sus cargos a los docentes interinos que prestaban servicio con anterioridad a la promulgación de este decreto.
"Ese concurso fue un irrespeto hacia casi 300 docentes suplentes como profesionales que sólo perciben los días laborales sin seguridad social o derecho a prestaciones sociales, bonos de fin de año o vacacional. El Gobernador hizo este decreto donde los pone a concursar para que pasen a interinos y luego de eso someterse a una nueva evaluación para pasar a docentes titulares", señaló Ortega.
En vista de esta violación por parte de la Gobernación de Miranda, el Tribunal sentenció que se debe reincorporar de manera inmediata a los docentes a sus puestos de trabajo, de lo contrario se procederá a ejecutar una acción legal ante el Ministerio Público por violentar el derecho laboral de los trabajadores.
"Tuvimos respuesta favorable del tribunal donde tenemos una sentencia firme y definitiva número 154-12 en donde se declara nulo este decreto de Capriles y se obliga a restablecer a los docentes afectados en sus lugares de trabajo, casi 300 docentes quedaron sin trabajo, algunos se reincorporaron en cuanto se interpuso la demanda, pero la gran mayoría se quedaron sin trabajo".
El profesor Pedro Esculpi fue uno de los docentes desincorporados que laboraba en la Escuela Concentración Rural Anagua en el municipio Urdaneta. Afirmó que desde hace 18 meses está desempleado.
"El 16 de agosto fui desincorporado de mi cargo injustificadamente, estas acciones de Capriles responden a una persecución laboral por no responder a sus intereses políticos o por ser de una tendencia política opuesta. Los hechos lo demuestran por sí sólos, no sólo con el despido de este grupo de docentes que ahora debe reincorporar, sino además porque en las escuelas estadales no le dan acceso a programas del Gobierno Nacional como las canaimitas o la colección Bicentenaria", manifestó Esculpi.
Hizo un llamado a la ministra de Educación, Maryann Hanson, a iniciar con una inspección de las escuelas estadales adscritas a la Gobernación de Miranda, pues presentan irregularidades, los decretos emanados por el ministerio no se ejecutan y violentan los derechos de los trabajadores.
FUENTE: AVN
