Ante los medios de prueba presentado por el Ministerio Público (MP), fueron condenadas la médico cirujano Fred Cristina Rodríguez (50) y la abogada Nilia Teresa Tigrera (61), quienes fraguaron el desalojo de una familia mediante la utilización de documentación falsa, hecho ocurrido el 10 de septiembre de 2011, en San Román, municipio Baruta del estado Miranda.
Durante el debate oral y público, el fiscal auxiliar 155° del Área Metropolitana de Caracas (AMC) para intervenir en las fases Intermedia y de Juicio, Christian Vivas, ratificó la acusación contra Rodríguez y Tigrera, por incurrir en el delito de uso de documento público falso, previsto y sancionado en el Código Penal.
Adicionalmente, a Rodríguez se le ratificó la acusación por el delito de usurpación de funciones, previsto y sancionado en la mencionada legislación.
Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público, el Tribunal 14° de Juicio del AMC dictó la condena de 9 años y 4 meses para Rodríguez; mientras que Tigrera fue condenada a 9 años de prisión. Ambas mujeres permanecerán recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques, estado Miranda.
De acuerdo con la investigación, el 30 de agosto de 2011, Rodríguez acudió a la Dirección de Protección Integral de la Familia del MP, donde alegó pertenecer al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y pidió el desalojo de una familia que habitaba en una vivienda ubicada en el sector San Román del municipio Baruta, quienes presuntamente tenían a un adolescente en situación de riesgo, debido al consumo de drogas de sus representantes.
De igual manera, en la citada fecha Rodríguez y Tigrera entregaron un oficio a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), pero esta vez Rodríguez se presentó como abogada de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, con la finalidad de que los efectivos castrenses materializaran el traslado de los miembros de dicha familia a un refugio de Parque Central.
Luego, el 10 de septiembre de 2011, funcionarios del Ministerio Público y de la GNB, se presentaron en el lugar para constatar la situación que se exponía en los documentos, pero evidenciaron que tal argumentación era falsa, pues las personas que habitaban el inmueble no tenían problemas ligados al consumo de sustancias estupefacientes, ni ninguna otra eventualidad.
Cabe destacar que una vez en el lugar, los funcionarios de ambas instituciones revisaron las respectivas solicitudes y lograron percatarse de la semejanza de la redacción entre ambos oficios. Esto creo dudas sobre la autenticidad de tales documentos, aunque los firmantes eran totalmente diferentes.
Ante la sospecha, el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal 12° de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del AMC y la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, la confirmación de dichas gestiones que apoyaban el traslado familiar y se constató la falsedad de la solicitud de desalojo.
La investigación logró determinar que Rodríguez y Tigrera habían fraguado desde hacía meses la desocupación de esa vivienda de manera ilegal, por lo que fueron aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público.
FUENTE: Prensa MP
