Carlos Castillo, directivo de la OCV, detalló que en varias oportunidades han sido objeto de amedrentamiento por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, para que desocupen el terreno, el cual cuenta con una extensión de ocho hectáreas con 7.200 metros y que al parecer son patrimonio del Instituto Nacional de Tierras (Inti).
“Primero teníamos problemas con la policía municipal que nos pedían el desalojo, y por oficio del Inti dejaron de molestarnos, posteriormente con los funcionarios de Polianzoátegui, y también por orden del instituto de tierra cesaron; entregamos los respectivos documentos en las Fiscalías Cuarta y Séptima, pero ahora nos dicen que debemos desalojarlos por el impacto ambiental que causaríamos, y que le compete a la Fiscalía Veintiuno, cuando en realidad existen otros daños y problemas más graves que acatar”, expresó.
Los afectados detallaron estar dispuestos a tomar otras acciones, ya sea trasladarse a la ciudad de Caracas hasta la Asamblea Nacional o realizar una marcha pacífica por el municipio Simón Rodríguez, para que se solucione el problema.
“Este caso cuenta con un gran expediente y estamos dispuestos a tomar otras acciones para que las demás instituciones competentes se aboquen a este problema, pues nos hemos manejado por la vía legal”, expresó Castillo.
Noraida Molares detalló que son una 228 familias las que se mantienen a la espera de las tierras que han estado ociosas por más de 28 años, las cuales supuestamente ya están liberadas, pero por los procesos tan engorrosos se ha tardado la entrega, y que el Inti les autorizó la entrada a los terrenos.
FUENTE: http://www.mundo-oriental.com.ve
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