La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que, por solicitud del Ministerio Público, fueron exhumados los cuerpos de las cuatro personas que fallecieron el pasado 22 de noviembre en un enfrentamiento con elementos del Ejército venezolano, en la reserva forestal de San Camilo en el Alto Apure, hecho en el que otros tres civiles resultaron heridos.
La versión oficial del caso, ofrecida por el Ministerio de Defensa, señala que los uniformados chocaron con criminales que se dedicaban al robo de ganado. Sin embargo, colectivos chavistas y grupos de Derechos Humanos denuncian que se cometió una masacre.
En declaraciones a los medios de comunicación, Ortega Díaz indicó que una vez que la jurisdicción militar declinó la competencia y correspondió al Ministerio Público asumir la investigación del caso de los fallecidos y de las personas heridas en el hecho, se comisionó a los fiscales 24° y 26° con competencia nacional, Didier Rojas y José Miguel Medina, respectivamente, según un boletín de prensa del organismo.
De esta manera, entre los días lunes 5 y martes 6 de diciembre fueron exhumados los cadáveres de Javier de Jesús Guerrero, Juan Carlos Garrido Farías, Javier Omar Garrido y Edinson Javier López Rivas.
Tal solicitud fue realizada por los fiscales comisionados ante el Tribunal 1° de Control con sede en Guadualito, instancia que la acordó en su debida oportunidad.
Puntualizó la también presidenta del Consejo Moral Republicano que tal actuación judicial fue practicada por expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales
Vale destacar que por este hecho se encuentran privados de libertad, por orden del Tribunal 14° de Control Militar con sede en Guadualito, Belkis Marilyn Pérez Yánez, Rubén Antonio Cordero Torrealba, Anderson Alfonso Castellanos, Ángel María Ferrer y el colombiano Néstor Villafañe.
La presentación fue realizada por un representante de la Fiscalía Militar el pasado 23 de noviembre ante la jurisdicción castrense, imputándose a los detenidos la presunta comisión del delito de rebelión y decretándose la privativa de libertad y su reclusión en el Internado Judicial de Santa Ana, en el estado Táchira.
Adicionalmente, la fiscal general dijo que se han recabado elementos de interés criminalístico en la inspección realizada en el sitio del suceso, evidencias que fueron trasladadas a Caracas para que los expertos del Ministerio Público hagan las experticias necesarias para continuar la investigación y el esclarecimiento del hecho.
Paralelamente, se le preguntó por la exigencia de Walid Makled de que se le designe un juez para proseguir su juicio, a lo que Ortega Díaz respondió que garantizando el debido proceso, los fiscales principales y auxiliares han solicitado por escrito se resuelva de una vez la situación jurídica del tribunal asignado o que se remitan las actuaciones a otra instancia, para que se constituya el tribunal y prosiga el proceso.
Respecto al caso de la ex jueza 31° de control, María Lourdes Afiuni, explicó que efectivamente el MP solicitó ante el Tribunal de Juicio la prórroga que establece el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) referido a la mantención de la medida privativa de libertad.
Recordó que de acuerdo con el COPP se tiene dos años para que se produzca una sentencia en el caso de que una persona está privada de libertad, y si en ese tiempo no se hace, el MP tiene la facultad de solicitar una prórroga.
"Pero esa prórroga debe estar fundamentada en hechos que demuestren que se ha tardado más de dos años y no por causas imputables al Ministerio Público, sino por causas atribuibles al imputado o a su defensa", tal es la situación del presente caso en el que las audiencias no se han podido realizar por causas de la acusada o sus representantes legales, precisó Ortega Díaz.
FUENTE: http://www.eluniversal.com
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