viernes, 16 de febrero de 2018

250 % de hacinamiento se vive en los calabozos policiales venezolanos

El hacinamiento y la vulneración al derecho a la vida es la moneda corriente en los calabozos policiales, las nuevas cárceles de Venezuela desde que el Ministerio de Servicio Penitenciario estableció que ningún preso sería trasladado a una penitenciaría sin tener un juicio. De acuerdo con el último informe de la ONG Una Ventana para la Libertad, estos centros, que tienen una capacidad para 5.910, en diciembre de 2017 albergaban 14.525 presos, cifra con la cual se bate récord de hacinamiento de 250,86 %.

Según la investigadora Luisa Torrealba Mesa, miembro de la ONG, el hacinamiento no es el único problema que conforma la pirámide, porque también lo es los asesinatos en los calabozos. Hasta el 31 de diciembre se registraron en estos centros de detención preventivas 65 muertes: 62 presos, 2 funcionarios policiales y 1 familiar. 27 de estos episodios se debieron a riñas que culminaron con tiros, 5 por puñaladas, 3 por golpes, 8 muertes se debieron a padecimientos de tuberculosis y 9 de esos fallecidos fueron a causa de cuadros de desnutrición.

Además de los muertos también se notificaron heridos: 29 casos. 19 de esos lesionados de gravedad a causa de disparos, puñaladas y golpes se registraron como presos y 10 como funcionarios policiales o militares.

Otro de los problemas son las fugas. En un recuento realizado por El Pitazo, en lo que va de 2017 se contabilizó que, al menos, 118 reos han logrado o intentado fugarse de centros de detención preventivos, y el mayor número de casos ha ocurrido en los ubicados en los estados centrales.

En los calabozos no hay respeto por los derechos humanos

La ley venezolana estipula que los internos no deben permanecer más de 48 horas en los centros de detención preventiva porque estos no cumplen con la seguridad mínima para mantener a detenidos por robo u homicidio. Pero el retardo procesal que se vive en los tribunales del país ha llevado a que estas 14.525 personas que hacen vida en esos centros de detención preventiva -donde 987 son mujeres, 182 son menores de edad, 106 son extranjeros, 186 padecen enfermedades crónicas y 18 son del grupo lesbianas, gays, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (Lgtbi)- no tengan calidad de vida y diariamente se les vulneran sus derechos fundamentales.

El informe de la ONG, que basó su estudio en la Gran Caracas y en los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, zonas que concentran el mayor número de población penal del país, revela una lista de lo que escasea en estos centros: 96,46 % no posee comedor; 62,12 % no posee servicios higiénicos; 86,87 % no tiene áreas de visitas; 64,14 % no posee servicios de agua potable; 52,02 % no ofrece servicio de recolección de basura y 98,48 % no cuenta con servicio médico.

Además de estas cifras, se tiene que 61,62 % de los centros de reclusión preventiva no cuenta con áreas especiales para la población femenina (damas y caballeros conviven juntos, lo que vulnera la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Orgánico Penitenciario en su artículo 80); 100 % no cuenta con áreas para mujeres con hijos menores de edad o lactantes (violación al Código Orgánico Penitenciario en su artículo 81); 99,49 % no cuenta con áreas especiales para la población menor de edad y 100 % no cuenta con áreas especiales para población Lgtbi.

FUENTE: Daisy Galaviz - https://elpitazo.com - (PULSE AQUÍ)