“Dada la preocupación de varias organizaciones y personas con discapacidad con relación a algunos vacíos presentes en el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de Personas con Discapacidad, fue que acudimos a esta Sub Comisión donde nos han abierto las puertas y han estado muy dispuestos a recibir las sugerencias para hacer una Ley apegada a los derechos humanos y no a un enfoque médico asistencialista”, dijo Ávila en la sesión.
Recalcó la importancia de tomar en cuenta a las organizaciones o personas claves a la hora de hacer este tipo de instrumentos legales, donde son precisamente las personas que conocen su realidad, quienes deben hacer aportes para que tengan mayor efectividad al momento de su aplicación.
Igualmente, señaló que las observaciones de las OPD son hechas con base a la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por el Estado venezolano en el año 2013; así como las recomendaciones que hiciera el Comité de la CDPD-ONU recientemente cuando realizó el Examen Inicial a Venezuela.
“Una de las sugerencias hechas por estas organizaciones consultadas, tiene que ver con el nombre de la misma Ley Orgánica para la Protección de Personas con Discapacidad, ya que la palabra ‘protección’, según argumentos aportados, la enmarca en un modelo asistencialista, en lugar de enfocarlo en las premisas del modelo social”.
Asimismo señaló que la CDPD y todos los instrumentos legales que se desprenden de esta, plantea equiparar las oportunidades, “para que esta población participe de forma plena y efectiva en la sociedad de manera autónoma e independiente. Por ello se sugiere titularla: Ley Orgánica para Personas con Discapacidad”.
En esa misma línea, las OPD coincidieron en suprimir el artículo 59 del proyecto de Ley, donde se plantea la creación del Consejo Interministerial para la Participación, Dignificación y Atención Integral de las Personas con Discapacidad. “Con la creación de este Consejo se fragmentaría aún más los entes públicos que se encargan de atender a venezolanos con discapacidad, crearía mayor burocracia y menos atención real y efectiva para este sector de la sociedad”.
Entre las recomendaciones, se sugiere no crear leyes por cada tipo de discapacidad, ya que esto diluiría los avances que se han tenido en la materia. “Esto dividiría en grupos y sub grupos a las personas con discapacidad, cuando entre sus luchas constantes hablan de inclusión. Lo ideal es que las buenas practicas convertidos en planes, programas y en servicios específicos y especializados para todos y todas, permita un desarrollo óptimo y verdadera inclusión”.
Ávila también manifestó la importancia de crear el Reglamento para esta Ley en paralelo, y puso como ejemplo la Ley para Personas con Discapacidad, la cual entró en vigencia el 5 de enero de 2007 y a la fecha no tiene reglamento que sistematice este instrumento jurídico”.
En este sentido, el diputado Ávila señaló que existen otras leyes que se deben actualizar, considerando que su data es de más de 60 años, en ese particular, mencionó la Ley del Interprete Público, la cual fue promulgada en el año de 1956 en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez y su reglamento se hizo en 1995.
Finalmente sugirió actualizar la Ley de Intérpretes Públicos donde habla de manera muy genérica sobre las funciones de los mismos, dejando aspectos relevantes por fuera. “La invitación es para las Organizaciones involucradas en la materia, como la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana y Guías Intérpretes para Sordociegos (Asoive), la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), la Sociedad Civil Sordociegos de Venezuela (Socieven) y todos aquellos que tengan competencias para apoyar en la actualización de esta ley en Venezuela; siempre estamos dispuestos a escuchar propuestas y elevar la voz de los venezolanos dentro de las diferentes instancias”.
FUENTE: Agencias
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