Bernal aseguró que en Venezuela existe la presencia de mafias trasnacionales que se han dedicado a la extorsión, secuestro y sicariato, además del contrabando de combustibles, lo que a su juicio obligó al Gobierno Nacional a decretar los estados de excepción.
"Toda la gasolina que sale de Venezuela la compra la empresa Pacific Rubiales, propiedad de Humberto Calderón Berti y Luis Guisti (exdirectivos de Pdvsa) y esa empresa con sólo un impuesto que paga en la Alcaldía del Norte de Santander, se la vende a EcoPetrol (petrolera colombiana), y Ecopetrol la exporta como producida en Colombia, eso tan sólo por el lado de la gasolina (...) Y este negocio ilegal es legalizado por una resolución de Álvaro Uribe", denunció.
El ex alcalde agregó que con el equivalente en bolívares de un kilogramo de arroz en Colombia se compran 25 kilos de ese producto en Venezuela, lo que consideró un atractivo para los contrabandistas.
"En los últimos tiempos esa estructura paramilitar se alimenta del contrabando de gasolina y de extracción de alimentos, generando un negocio que se calcula entre 10 y 12 mil millones de dólares al año, superior al negocio formal entre los estados de Colombia y Venezuela", alertó.
Bernal resaltó que este tipo de prácticas delincuenciales tuvo su auge "cuando ocurrió la llamada desmovilización paramilitar en Colombia y la instalación de bases militares en el vecino país, que extrapoló hacia Venezuela dos tipos de ciudadanos: unos honestos, trabajadores, que vinieron al país huyendo de la violencia y del hambre", y otro grupos, que son las mafias que se establecieron a lo largo de la frontera.
Sobre las OLP
"El presidente Nicolás Maduro diseñó una política de lucha contra la criminalidad, y entre ellas incluyó una política de paz y profundizó la lucha contra el crimen, que es recuperar el Estado de Derecho y hacer valer la Constitución y las leyes de la República", señaló el ex dirigente de la comisión presidencial para la reforma policial.
Comentó que las OLP deben ser reforzadas para atacar los múltiples factores de la criminalidad, que obedecen a fallas estructurales del país.
En este sentido, destacó que es necesaria repotenciar la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Universidad de la Seguridad; aprobar una nueva estructura del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para que tenga autonomía financiera; y la reforma del Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal a fin de luchar contra el retardo procesal.
Por otra parte, consideró que 6 de diciembre el oficialismo obtendrá mayoría en la Asamblea Nacional en los comicios parlamentarios, pero admitió que actualmente existe descontento en la población.
"A pesar de las enormes dificultades que hemos estado afrontando los dos últimos años y combatiendo, como la especulación acaparamiento y criminalidad, que por supuesto no podemos negar que causan molestia en la población, desde la dirección nacional del PSUV no tenemos la menor duda de que el proyecto político de inclusión se va a reafirmar el 6 de diciembre", dijo.
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