Ante la situación, muchas son las denuncias que se han manejado, de forma verbal, por vecinos de los ocupantes, quienes aseguran que se manejan casos de drogas, prostitución y alquileres de habitaciones como moteles, en los edificios Josefina, Rasil y Dubai, entre otros, así lo manifestó Amarilis Soto, concejal porteña.
“Estamos solicitando la intervención de una Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), en las invasiones para comenzar a depurar estos lugares, porque si bien es cierto que habitan personas sanas, no es menos ciertos que los espacios se prestan para fechorías”, dijo Soto.
Refirió que es necesario el desalojo de los ocupantes ilegales de los edificios, debido a que son propiedad privada y antes de ser invadidos estaban destinados para el desarrollo de hoteles y posadas.
“Hay que establecer prioridades y sabemos que muchas de estas personas tienen necesidades pero no podemos seguir permitiendo que se invada en el municipio, porque sencillamente eso está prohibido en todo el territorio nacional”, indicó la funcionaria.
Investigación exhaustiva
La concejal del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), detalló además que tras investigaciones hechas en trabajo de inteligencia, se determinó que más del 40% de las personas que actualmente viven en las moradas tienen vivienda en otros estados, especialmente en el estado Sucre.
“Algunos de los invasores lo son de oficio, se dan a la tarea de ir por la ciudad armando las tomas ilegales de terreno y estructuras, pero luego que están allí establecidos lo alquilan, lo venden (porque hemos tenido casos) o se los entregan a los familiares, y no podemos seguir tolerando esta situación, hay que ponerle coto a esto”, finalizó.
Desalojo en puerta
Han sido años de lucha de las autoridades para sacarlos de las edificaciones, sin embargo, Dubraska Pérez, concejal porteña asegura que no pueden retirarlos sin que se tenga un lugar adonde llevarlos, por lo que hacen un llamado al alcalde Magglio Ordóñez, para que los integre a los planes de soluciones habitacionales en la jurisdicción.
“Vamos a iniciar en el Josefina y Dubai, en estos edificios hay 43 familias invadiendo y es necesario ir a hablar con ellos para que se retiren, porque debemos darle el uso inicial.
Estamos trabajando para que el municipio Sotillo deje de ser solo residencial y se convierta en comercial, donde se generen impuestos para el bienestar de la colectividad”, refirió la edil.
La ejecución
Meses atrás, el concejal Elio Silva, presidente de la comisión de ejidos, informó sobre la creación de un órgano multidisciplinario que será conformado por Fiscalía del Ministerio Público, Instituto Nacional de Tierras, Concejo Municipal, Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía de Sotillo, Policía de Anzoátegui, Pdvsa, Sindicatura, que se encargarán de ejecutar los desalojos.
“Estamos ante un hecho muy delicado, hay cuatro espacios ocupados de forma ilegal y serían utilizados para la construcción de una cancha deportiva, un Centro Diagnóstico Integral (CDI) y un colegio, por lo que esa es la prioridad, estas personas deben entender que se deben salir”, indicó Silva.
Invasiones son ilegales
En la reforma del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, se le da sustento legal a la prohibición de las invasiones u ocupación indebida, de terrenos públicos o privados. De esta manera, queda como mandato expreso en el artículo 80 de la reformada Ley de Vivienda, el hecho de que el Estado no avalará, bajo ningún concepto, las invasiones u ocupaciones de terrenos o inmuebles.
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