El presidente de la asociación laboral, Tito Barrero, aclaró que esa cifra incluye solamente a la Gobernación, alcaldías y centros de salud de la entidad, de acuerdo con los balances presentados por los sindicatos de cada organismo.
Destacó que la norma estipula que los patronos deben incorporar a los tercerizados dentro de la nómina fija de las empresas.
También contempla que hasta tanto eso se cumpla, éstos gozarán de inamovilidad laboral y disfrutarán de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que correspondan al personal contratado directamente por el patrono beneficiario de sus servicios.
Por ello, Barrero rechazó que aún existan personas bajo esa condición.
El artículo 47 de la Ley del Trabajo define la tercerización como la “simulación o fraude cometido por patronos o patronas en general, con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral”.
El artículo 48, en tanto, prohibe las contrataciones para ejecutar obras, servicios, o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante, así como el uso de intermediarios para evadir las obligaciones con el trabajador.
“Los trabajadores tienen derecho a reclamar los beneficios laborales dejados de percibir, como vacaciones, bonos vacacionales, de alimentación y utilidades vencidas y fraccionadas”, refirió Barrero.
En mora
El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Anzoátegui (Stea), Edgar Pérez, destacó que sólo en la nómina estadal de educación existen unas 2 mil personas que no cuentan con cargos fijos, que son aquellas que cumplen con suplencias por reposo o incapacidad.
Expuso que según el artículo 32 del Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, estas plazas deben ser asignadas con base en concursos de ingreso.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), Giovanny Yaguaracuto, afirmó que si bien en los últimos meses se han asignado unos 2 mil cargos fijos, aún quedan unos 1 mil pendientes, “que deben entregarse entre mayo y junio”.
Denunció además que dentro de este grupo están personas que llevan hasta siete años bajo esa modalidad.
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