La medida se tomó a petición de la nueva presidenta del organismo deliberante barcelonés, concejal Lilibeth Elizandre.
El objetivo es descartar irregularidades en la administración de recursos y manejo del personal contratado por las autoridades del organismo en esos períodos.
Rojas precisó que la Contraloría designó una comisión de auditores y abogados que serán los encargados de realizar los trabajos indagatorios.
Según la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal, en su artículo 7, los funcionarios señalados están en la obligación de colaborar con los entes de investigación, y atender todos los requerimientos de los auditores.
El artículo 99 de la misma norma estipula sanciones para quienes no presten la ayuda solicitada.
El texto dice que serán pechados con 100 a 1.000 Unidades Tributarias (UT), es decir, entre Bs 12.700 y 127.000 bolívares, aquellos funcionarios que “entraben o impidan el ejercicio de las funciones de los órganos de control fiscal”.
Igualmente serán castigados quienes no comparezcan a las citaciones y no suministren los documentos o informes de manera oportuna.
Se intentó establecer contacto con exconcejales como Alirio Rojas, Javier Gutiérrez, José Granadino y Jhonny Aguilera a fin de conocer sus puntos de vista sobre la iniciativa del organismo contralor, pero no fue posible.
Opinión
Lenín Chira, concejal de Barcelona, aseguró que la idea es establecer un “antes y un después” entre las anteriores y la actual administración.
Vía telefónica, la presidenta de la Cámara Municipal de Bolívar, Lilibeth Elizandre, aseguró que la idea es “cuidarse las espaldas”.
Aseveró que al asumir el cargo solicitó la auditoría de la gestión correspondiente al año 2013, pero esta no se había realizado. Frente a ello, consideró necesario indagar.
“Todavía no hay nada en particular, pero siempre es bueno que se averigüe. De hallar algo, consultaría al alcalde Guillermo Martínez y al gobernador Aristóbulo Istúriz, a quienes debo mi cargo, y seré la primera en decirlo”.
Lo que sí le llamó la atención, agregó la concejal Elizandre, ha sido la cantidad de trabajadores con que cuenta el cuerpo edilicio: unos 193, a pesar de que la capacidad máxima es de 90 a 100.
“Yo misma rendí cuentas de mi primer trimestre y estoy terminando de preparar las cuentas del segundo trimestre. Quiero sentar un precedente. Quiero ser un ejemplo”.
Hasta ahora, la Contraloría Municipal de Bolívar ha revisado los años 2005 al 2008. Faltarían por examinar desde 2009 hasta 2013.
El artículo 91 de la Ley Orgánica de Contraloría y Sistema Nacional de Control Fiscal dice que de encontrarse irregularidades, el organismo fiscalizador de la gestión municipal podrá abrir procedimientos administrativos y si la responsabilidad es penal pasará el caso al Ministerio Público.
Lapsos
A petición de la presidenta de la cámara edilicia de Barcelona, Lilibeth Eli- zandre, se hará la auditoría a las directivas anteriores del organismo colegiado. Sobre el procedimiento a seguir, el director general de la Contraloría del municipio Simón Bolívar, Oscar Rojas, informó que los lapsos para la ejecución de la investigación dependen de los requerimientos que sean necesarios para llegar a una conclusión. Normalmente son dos a tres meses.
| FUENTE: Lizardo Aguilar - http://eltiempo.com.ve |
