Durante la discusión de la solicitud realizada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para continuar el enjuiciamiento a la parlamentaria, Aranguren desestimó la necesidad de presentar las pruebas que demuestren su inocencia en los delitos de peculado doloso propio, asociación para delinquir y legitimación de capitales.
Asimismo desconoció a las instituciones del Estado al señalar que la discusión sobre el allanamiento a su inmunidad parlamentaria es un acto político y no forma parte de las acciones para combatir la corrupción, "porque eso fue hace cinco años", con lo que desestimó los procedimientos legales de la justicia venezolana.
Tras una investigación preliminar, producto de diversas denuncias en torno a la creación, funcionamiento y al no pago de impuestos por parte de la empresa que Aranguren presidía, el Ministerio Público aportó 51 elementos de convicción que involucran a la parlamentaria en los referidos delitos sancionados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
El pasado 31 de octubre, durante una audiencia oral y pública ante el TSJ, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que la parlamentaria "le produjo un daño patrimonial al Estado venezolano al realizar operaciones cambiarias con la Gobernación de Monagas que no fueron registradas en libros contables, estados financieros y facturas".
Explicó que Aranguren tramitó divisas a través de tres operadoras cambiarias que no están registradas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
| FUENTE: AVN |
