Castro señaló que en un determinado momento, los representantes del concesionario Macau Motors, intentaron trasladar su responsabilidad a la empresa ETG automotriz, planta ensambladora de los vehículos.
“Esto es algo muy importante que hay que aclarar, para así evitar una matriz de opinión negativa en contra del Plan Venezuela Productiva Automotriz”, indicó el parlamentario.
Manifestó que tras reunirse con el representante de la empresa en la entidad, Franklin Escalante, se reconoció que la misma si recibió casi seis millardos de bolívares fuertes para la adquisición de estos carros, sin tener disponibilidad de los vehículos.
“En un principio eran más de 90 personas afectadas, pero se ha ido depurando la lista, pues, muchos han llegado a conciliaciones con el concesionario, sólo quedan 59 personas afectadas, los cuales cancelaron sólo la inicial del costo del carro”.
El parlamentario informó que elaboran un informe que posteriormente presentarán ante el cuerpo de legisladores, donde solicitarán una investigación a instituciones fiscales y tributarias, “estamos ante hechos que preconfirman el delito de fraude, un fraude colectivo, también solicitaremos que se analice el cierre de este concesionario, ya que el gobierno tiene que poner mano dura en esto”.
Agregó que a los afectados se les exigía el pago exclusivo de una póliza de seguro a la misma empresa Macau Motors, “hecho que viola la Ley de Seguros por lo que también solicitaremos el código por el cual se estaban negociando estas pólizas de seguro con la Corporación La Venezolana de Salud y Vida”.
Finalmente, el legislador destacó que las sanciones a este hecho se harán de acuerdo a la recién promulgada Ley de Venta de Vehículos.
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