En total fueron 100 los ciudadanos encuestados. El sondeo se realizó en los municipios Bolívar, Urbaneja, Sotillo, Guanta, Anaco, Simón Rodríguez, Píritu, Peñalver, Bruzual y Capistrano.
En algunos casos, los entrevistados hicieron más de una petición, que fueron tomadas en cuenta para los cómputos.
De ese grupo de personas, 61 (61%) respondieron a la pregunta: ¿Qué le pide usted a las autoridades para el nuevo año? que lo prioritario es resolver el problema de la inseguridad. Mientras que 32 le dieron mayor importancia a la crisis de los servicios, 29 al mal estado de la vialidad y 12 al desempleo.
El tema de la delincuencia ha sido una constante en las quejas del pueblo, al menos, durante los últimos cuatro años.
A excepción de Lechería, donde sólo uno de los 11 consultados planteó deficiencias de seguridad, todos colocaron en primer lugar la necesidad de adoptar medidas para contrarrestar el hampa.
Contrariamente, en Anaco, los 11 interrogados exigieron más seguridad y en el municipio Simón Bolívar, la mayoría, es decir, 16 (72,7%) de los 22 consultados hicieron el mismo reclamo, ocho (36,4%) servicios públicos y siete (31,8%) vialidad, seguido de empleo, vivienda y salud.
La abogada barcelonesa Alba Méndez, de 30 años, señaló: “Todos queremos que nos garanticen la seguridad personal y jurídica. Las leyes están para cumplirlas. Nadie tiene patente de corso para hacer lo que le da la gana. La gente vive atemorizada por la delincuencia”.
Similar fue la opinión del anaquense Oswaldo Mata (40). “Queremos más seguridad ciudadana. Aquí estamos a merced del hampa y los organismos policiales no hacen su trabajo. Asesinatos, robos y todo tipo de delitos se cometen a diario sin que se tomen medidas para prevenir esta situación tan patética”.
La psicóloga y terapeuta de conducta, Nilsa Manzano, considera que la percepción de los ciudadanos es general. “Existe una especie de paranoia colectiva. La mala canalización de la rabia hace que agredamos a los demás, lo que termina en violencia, o puede que en ocasiones la dirijamos hacia nosotros mismos, y es allí cuando aparece la depresión”.
Explicó que cuando la población no tiene cubierta sus necesidades básicas, tales como seguridad, salud y alimentación, entre otras, se siente frustrada porque sus derechos son vulnerados.
“Vemos a una comunidad acechada por el miedo. Temen que los vayan a robar en la calle, que no escaparán de la especulación de un comerciante inescrupuloso o que tendrán que pagar más de lo que vale un bien o servicio porque no hay sanciones contra la especulación”, acotó Manzano.
Aseguró que aunque no existen estadísticas que sustenten esta apreciación, el ejercicio diario de su profesión le permiten afirmar que esta condición psicológica podría convertirse en un problema de salud pública “si es que ya no lo es”. Estima que las consultas por esta causa se triplicaron en los últimos seis años.
En los municipios Sotillo, Guanta y Simón Rodríguez, así como en los de la zona oeste, la solicitud de incrementar los mecanismos de protección ciudadana superó 40%.
La portocruzana Elianta Blum expresó que “quisiera más seguridad, ya que cada día hay más atracos a mano armada y arrebatones en los autobuses. Es poca la presencia policial en las calles. A mí me han asaltado dos veces en unidades de transporte público”.
Para el estudiante guanteño Antonio Carvajal “sería bueno salir sin miedo a ser robado. Hace unos meses mataron a un conocido”. El ama de casa Marjorie Millán asegura que en la localidad portuaria han mermado los hechos delictivos. “Gracias a Dios aquí vivimos tranquilos, el problema es en los municipios vecinos”.
En El Tigre, cinco de los 11 entrevistados esperan que en este 2013 las autoridades se ocupen más de la protección de los ciudadanos y sus bienes. Uno de ellos fue la vendedora de empanadas Katherine Tirallas (30), quien dijo que “los habitantes viven con miedo”.
En Puerto Píritu, la técnico de Seguridad Industrial Josmar Del Villar, acotó que para lograr reducir la violencia es necesario cambiar la conformación de la policía y del Cicpc, “porque están llenos de vicios que desvirtúan la función de esos organismos. También deben haber cambios a nivel de los ministerios que dirigen la política de seguridad”.
Otras prioridades
En relación a la demanda de mejores servicios públicos, el mayor porcentaje se observó en Bolívar y Urbaneja: ocho personas (36,4%) de 22 consultados y seis (54,5%) de un total de 11, respectivamente.
El abogado barcelonés Alejandro Méndez (30) precisó: “Hay dos cosas prioritarias para nuestros municipios, el arreglo de las vialidad interna en las comunidades y principales avenidas, así como la solución dea las deficiencias del transporte público”.
El ama de casa Ligia Boada coincidió con Méndez en que el transporte público es un caos. Refirió que anualmente los entes involucrados realizan planes, pero la situación se agrava cada vez más. Planteó la necesidad de crear un sistema más completo con autobuses y rutas alternas.
“La electricidad debe ser atendida con urgencia. Es un problema grave que ha persistido aún después de los racionamientos de hace dos años. Ahora se nos va la luz a cualquier hora y no sabemos cuándo regresará y tampoco si se nos quemarán los aparatos”, fue el comentario de la secretaria María Mendoza, moradora de Lechería.
La presidenta del Movimiento Iniciativa a los Consumidores, Milagros Villafane, realizó entre noviembre y diciembre de 2012, ochos mesas de diálogo en diferentes s sectores populares (D y E) de la entidad para elaborar la agenda social que será presentada al gobernador Aristóbulo Istúriz este mes.
“Las necesidades más sentidas de la gente son la seguridad, la vialidad y la electricidad. Se quejan por la falta de patrullaje, módulos policiales y justicia, especialmente en la zona rural. Exigen respuesta inmediata a sus peticiones”.
El Origen
El presidente de la Red por la Democracia, Trabajo y Constitución, Vicente Brito, considera que la inseguridad la origina, fundamentalmente, el desempleo. Señaló que en la actualidad el ingreso familiar es insuficiente para cubrir las necesidades básicas, y la juventud carece de oportunidades de empleo bien remunerado, “Las autoridades deben atacar el delito en su raíz. Brindar educación con incentivos, becas y creación de fuentes de trabajo. Para ello es necesario estimular el fortalecimiento del aparato productivo y la inversión pública, ya que la prevención y la represión no son la solución”. Dijo que en los últimos 14 años se perdieron 1.500.000 puestos.
| FUENTE: Katy Jurado / Aileen Nieto - http://eltiempo.com.ve |
