Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, acudieron a la Inspectoría del Trabajo, situada en el centro comercial Coral Center de la capital sotillense, a fin de pedir al jefe de Reclamos de ese organismo, Gabriel Trujillo, que se pronunciara al respecto.
Según el obrero Rolando Figuera y el recaudador de tasas Rafael Betancourt, Trujillo fue uno de los firmantes de un convenio en el que la presidenta de Fundeso, Marisol Ramos, se comprometió a cancelar las utilidades a 115 empleados el pasado viernes 30/11, lo cual no cumplió.
Los trabajadores mostraron el documento, número de acta 050-201203-01221, fechado el 18 de noviembre de 2012.
Desconocen las razones de la falta del pago, pero afirmaron que esta situación les ha generado un sinfín de problemas, pues muchos son padres de familia que no han podido cubrir las necesidades básicas de sus hogares.
Tanto Figuera como Betancourt señalaron que las autoridades también prometieron honrar el pago de los siete meses del bono alimentario antes del 30 de diciembre.
Esperan que dicho acuerdo sí sea cumplido a tiempo.
Pero los reclamos fueron más allá. Los trabajadores denunciaron que las autoridades de Fundeso tampoco pagan la quincena a tiempo, les adeudan vacaciones y suspendieron las ayudas médicas.
Sobre el último punto, la secretaria Roxana Centeno aseguró que pidió un adelanto hacerle una tomografía a su niña de seis meses y no obtuvo respuesta.
Y la oficinista Francis Magras acusó a Marisol Ramos de haberla desmejorado después de regresar de un permiso de siete meses que debió tomar para cuidar a su hijo que sufrió un accidente.
Respuesta oficial
La presidenta de Fundeso recibió a los medios en su oficina, donde explicó que sí existe el compromiso de pagar las utilidades y que es cuestión de horas para que el Ejecutivo local envíe los recursos.
Asimismo, reafirmó su promesa de hacer efectivo los siete meses de bono alimentario antes de que termine el año.
De acuerdo con Marisol Ramos, la protesta está siendo motorizada por sólo cinco trabajadores que “en nada representan a los empleados”.
Explicó que hasta ahora se han hecho cinco reclamos individuales, ya que para que estos puedan hacerse en forma colectiva deben contar con el aval de la mitad más uno de los empleados de la fundación, es decir, 57 trabajadores.
Negó que hayan tomado represalias en contra de algún trabajador. Refirió que a Magras se le ofreció una comisión de servicio y no la aceptó. Posteriormente se le ofreció un cargo fijo como secretaria.
Negó la suspensión de ayudas médicas y aclaró que a Roxana Centeno no le han dado respuesta porque hizo la petición el viernes 30/11.
| FUENTE: Lizardo Aguilar Rojas - http://eltiempo.com.ve |
