El Ministerio Público acusó al primer teniente del Ejército Nacional Bolivariano (ENB), Miguel Ángel Vegas Pérez, por su presunta responsabilidad en el hecho ocurrido el 22 de noviembre de 2011, en el sector Boca del Río Viejo de la reserva forestal de San Camilo, en el Alto Apure, donde perdieron la vida cuatro personas y tres resultaron heridas. Así lo dio a conocer el organismo, mediante un comunicado.
Los fiscales nacionales 26° y 24° auxiliar, José Miguel Medina y Andrés Bravo, respectivamente, acusaron a Vegas Pérez por la presunta comisión del delito de homicidio calificado por motivo fútil en grado de frustración.
Asimismo, el efectivo castrense fue acusado por los delitos de uso indebido de arma de guerra y quebrantamiento de pactos y convenios internacionales, previstos y sancionados en el Código Penal.
En el escrito presentado ante el Tribunal 31° de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, el pase a juicio del hombre y que se mantenga la medida privativa de libertad para el teniente en la sede de la Policía Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas.
Este caso fue radicado en el AMC, a solicitud del Ministerio Público, por decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
El 12 de enero de 2012, los fiscales 20° nacional y auxiliares, Daniel Guédez, Guaidalida Rossi y Carla Chirinos, respectivamente, acusaron a Rubén Antonio Cárdenas, Anderson Alfonso Castellanos, Ángel María Ferrer y Nicanor Yánez Escobar por la presunta comisión de los delitos de resistencia a la autoridad ejecutado con arma de fuego, ocultamiento de arma de guerra y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
En esa fecha, ante el Tribunal 19° de Control del AMC, los fiscales solicitaron la admisión de la acusación, las pruebas presentadas y que se ordenara el enjuiciamiento de las cuatro personas, quienes se encuentran privadas de libertad en la sede del Dirección de Inteligencia Militar, en Caracas.
Conviene aclarar que en este hecho el Tribunal 14° de Control Militar, con sede en Guasdualito, dictó la medida privativa de libertad contra los citados cuatro hombres por la presunta comisión del delito de rebelión, tras la presentación realizada por un representante de la Fiscalía Militar, el 23 de noviembre del 2011.
Sin embargo, la jurisdicción militar declinó la competencia y correspondió al Ministerio Público, organismo que ante la naturaleza de los hechos, dividió la causa en fiscales con competencias en Delitos Comunes y en Protección de Derechos Fundamentales.
FUENTE: http://www.ultimasnoticias.com.ve
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