La apertura del paso peatonal en la frontera el pasado 13 de agosto permitió a las familias reencontrarse un año después. También significó un escape a la escasez y el desabastecimiento que se vive en el país. Sin embargo, a pesar de lo positiva que pudo ser esta medida para muchos, un sector se queda afuera y permanece olvidado por las autoridades de ambos países: El comercial.La importación de productos colombianos a territorio venezolano significó un alivio para muchos, pese a los altos precios de venta al público. Los de primera necesidad aparecieron en los comercios más importantes por pacas, bultos y sin colas.
También la Gobernación del estado Táchira habilitó un espacio en los pabellones Colombia y Venezuela en Pueblo Nuevo para ofertar harina, arroz, papel higiénico, mayonesa y demás alimentos y productos de higiene que escasean. Estos a unos 200 o 300 bolívares más económicos que los importados a los supermercados.
Aunque la llegada de productos básicos pueda parecer buena, hay un costo detrás. Existen denuncias de una comercialización sin control ni supervisión. En el caso de los bienes ofertados por la Gobernación, los clientes expresaron que ni siquiera reciben una factura legal con la compra, sino un recibo llenado a mano con una firma y un sello de “pagado”.
“Esto es un ilícito tributario porque no cumple con los requisitos que se les asignan a los comerciantes”, explicó el presidente Ejecutivo de la Cámara Industria y Comercio de Ureña, Isidoro Domingo Teres. “Ese tipo de comercio no está registrado, supervisado ni avalado por las autoridades sanitarias”, agregó.
Teres, quien también integra la comisión fronteriza de Fedecámaras, explicó que estos alimentos no son traídos a territorio venezolano de una manera adecuada y que tienen que pasar de un vehículo colombiano a uno venezolano en la frontera para poder hacer la distribución hasta los supermercados.
“Uno no sabe si llovió o si se mojo la mercancía. Nadie sabe si las unidades de cargas son adecuadas para ese tipo de transporte ni se tiene la garantía de que haya una cadena de custodia sanitaria que garantice que esa paca de azúcar o de arroz llegará bien al consumidor”, advirtió.
El daño no es solo para los consumidores, sino también para los productores, quienes se encuentran paralizados desde el pasado 19 de agosto de 2015, fecha en la que el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre del paso fronterizo. De acuerdo con Teres, el sector comercial ha exhortado a las autoridades aduaneras de ambos países a pronunciarse sobre por qué la frontera no está abierta en su totalidad.
Para ello, el sector solicita que los vehículos puedan circular, que el paso por la frontera esté permitido las 24 horas y que no haya limitaciones para ninguno de los dos países. Denunció que con esta medida, el Gobierno cerró los puentes para prevenir el contrabando de productos, pero entonces las trochas empezaron a funcionar.
Añadió que es urgente que las aduanas inicien las operaciones y que se tome en cuenta al sector productivo en las decisiones. “Vemos que (con estas importaciones) hay un sobrecargo en los precios de productos. Se están haciendo las cosas improvisadas. El Gobierno está haciendo las cosas muy mal”, expresó.
FUENTE: Julett Pineda - http://efectococuyo.com
