martes, 26 de agosto de 2014

Alimentos incautados son redistribuidos por Mercal y Pdval

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, indicó este lunes que los alimentos incautados en el Plan de Lucha Contra el Contrabando son redistribuidos a través de Mercal y Pdval.

Indicó que la construcción del modelo socialista “lo primero que le va a garantizar al pueblo es la alimentación. Y ahí está Mercal y Pdval, allí es donde estamos vendiendo los productos incautados a un precios justo y con un seguimiento muy severo, para garantizar que se venda toda la comida incautada”, precisó tras una reunión de la Comisión Nacional de Lucha contra el Contrabando, efectuada en el Palacio de Miraflores, Caracas.

Arreaza, quien es presidente de citada instancia, informó que para analizar la información y evaluar cada una de las acciones tomadas por el Gobierno Nacional, se estará instalando las salas situacionales. Para ello, el secretario de la Comisión anticontrabando, Ángel Belisario Martínez, “se estará movilizando por los nueve estados donde funcionan las comisiones estadales para garantizar in situ el funcionamiento de la comisión y la instalación de las salas situaciones“.

En estas salas, que operarán en Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Falcón, Bolívar, Sucre, Nueva Esparta y Delta Amacuro, “se debe tributar la información en tiempo real de absolutamente toda los aspectos, desde las incautaciones hasta las presunciones (de extracción ilegal de productos)”.

Además, se harán reuniones con los propietarios de fincas ubicadas en los citados estados para combatir la construcción de caminos para el desvío de insumos. “Si un dueño de una finca, venezolano, permite que se construya una trocha para sacar por su tierra, que es propiedad privada, productos, hay que aplicar la leyes como lo dice el decreto, con severidad. Si es necesaria la expropiación de esa finca, así será, porque se está prestando para el desangre de la economía venezolana”, recalcó.

En ese sentido advirtió que quienes estén vinculados al delito del contrabando, podrán enfrentar hasta 14 años de cárcel. “De lo que se trata aquí es de aplicar a las sanciones mas severas. Como lo establece la Ley de Precios Justos”.

FUENTE: AVN - SiBCI

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