La Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario acordaron trabajar de manera conjunta para atender de manera eficiente a la población penitenciaria de todo el país.
“Esa alianza se da luego de una reunión que se efectuó entre la ministra Iris Varela y mi persona; una reunión importante. En ese mismo nivel se dio con la ciudadana fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a objeto de establecer una cooperación de carácter institucional entre el Ministerio Público y la Defensoría, porque tenemos que trabajar unidos”, enfatizó el Defensor del Pueblo.
Informó que las defensoras y los defensores estadales trabajarán de manera conjunta con las y los fiscales superiores en cada estado del país.
Actualmente hay 24 defensoras y defensores estadales en el territorio nacional, además de las servidoras y los servidores públicos que integran la plantilla laboral de la Defensoría del Pueblo.
-¿Por qué una persona vulnerada en sus derechos debería elegir ir a la Defensoría y no a la Fiscalía, por ejemplo?
-Muy sencillo. La Fiscalía es un órgano de investigación que procesa delitos y presenta al presunto responsable de ese delito ante los tribunales, o sea, tiene un carácter más coercitivo y más punitivo, porque la Fiscalía imputa y cuando la Fiscalía te imputa ya allí hay una precalificación, ya te está prejuzgando.
En cambio “la Defensoría es un órgano de mediación entre la víctima de la violación de derechos humanos y quien pudo haber cometido esa violación, llámese Estado, llámese transnacional o empresa privada”, destacó.
Para William Saab, es importante acudir a la Defensoría del Pueblo para evitar que se cometa la violación o para tratar que resolver un conflicto antes de que pase a instancias judiciales.
Indicó que los temas que podría atender la Defensoría no son necesariamente policiales, también puede mediar en las áreas de los servicios públicos.
Indicó que en el tema de los servicios públicos no media una acción delictiva policial, “porque todos creen que derechos humanos es tema policial; no, están los servicios públicos, entonces nosotros tenemos competencias en materia de garantizar los servicios públicos”.
Saab indicó que el acceso al agua, luz, aseo urbano, transporte y salud son derechos de las ciudadanas y los ciudadanos.
Destacó que el artículo 280 de la Carta Magna “es muy claro, ahí nos lleva, la Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en esta Constitución”.
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