El jefe de la Zona de Defensa Integral Bolívar de la FANB (Zodi-Bolívar), general de División Luis Epifanio Medina, encabezó la inspección a este comercio junto con el coordinador estadal de la Superintendencia, Milton Bracamonte.
La empresa fiscalizada se denomina Comercial Eden, C.A, y opera en la parroquia Agua Salada, de Ciudad Bolívar. Su actividad es la importación y distribución a nivel regional de puertas metálicas de seguridad, puertas metálicas para baños y piezas para sanitarios.
El general Medina informó que en el caso de las puertas de acero para viviendas se descubrió que la empresa las importa a un precio de 1.499 bolívares por unidad, que se eleva a 1.680 bolívares con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
"Sin embargo, a la hora de venderlas al público le ponen un precio a cada puerta de 7.661 bolívares, que sube a 9.692 bolívares con el IVA, lo que representa una ganancia de 417,51%", informó.
Así mismo, las puertas de seguridad de color marrón son importadas por este comercio a 1.462 bolívares por unidad y vendidas al público en Bs 7.661, con un margen de ganancia de 430%.
En el caso de las puertas para salas de baño, las importan a 1.009 bolívares por unidad y las venden al pueblo bolivarense a 4.884 bolívares, lo que representa una ganancia con usura de 383%.
"Se evidencia la violación a los artículos 32 y 60 de la Ley de Precios Justos, por lo que hemos ordenado la retención de todo el producto presente en los depósitos de esta distribuidora hasta que sus dueños rectifiquen los precios y los vendan a precio justo al soberano", indicó.
Recordó que la Ley de Precios Justos establece un tope máximo de ganancia de 30% en la venta de productos, tomando en cuenta previamente los costos de importación, costos operativos y otros generados en la cadena de distribución de cada empresario.
Medina informó que hasta este jueves han sido fiscalizados 610 establecimientos comerciales en el estado Bolívar y se han ejecutado 430 supervisiones, como parte de la segunda fase de la Ofensiva Económica ordenada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para proteger la economía familiar de los venezolanos.
Recordó que esta fase apunta a verificar las áreas de producción, distribución y precios justos de los productos básicos, bienes y servicios.
"Cuenten con que los organismos del Estado venezolano estamos haciendo el trabajo encomendado para proteger al pueblo", recalcó.
Por su parte, el coordinador estadal de la Superintendencia, Milton Bracamonte, indicó que las fiscalizaciones son apoyadas con información suministrada por miles de voluntarios que se han sumado a la lucha contra la especulación, el acaparamiento y la usura en la entidad.
Resaltó el caso de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y sus empresa tuteladas, donde más de 900 trabajadores se han juramentado como brigadistas para reforzar esta lucha e informar a los entes competentes sobre irregularidades en precios, remarcaje y ocultamiento de productos requeridos por la población.
Apuntó que muchos de los comercios fiscalizados han incurrido en el aumento de precios sin justificación, por lo cual no se descansará hasta que los comerciantes cumplan de manera clara con las regulaciones.
También exhortó a la población a denunciar cualquier irregularidad a través de la Zodi-Bolívar, Sala Situacional de la CVG o del número de emergencia 171, que las canalizarán a los entes competentes.
| FUENTE: AVN |
