Con base en una investigación que coteja informaciones publicadas por medios de comunicación nacionales e internacionales con declaraciones de autoridades del Ejecutivo desde el pasado 12 de febrero, este miércoles a través de un documento afirmaron que tal matriz "evidentemente" tiene la intención de deslegitimar al gobierno del presidente Nicolás Maduro en el país y el extranjero.
Su objetivo es forzar una "salida" no prevista en la Constitución, como ha sido la consigna pública proferida por el derechista Leopoldo López, hoy investigado por la presunta comisión de los delitos de determinador de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, durante los hechos violentos del día mencionado, de conformidad con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo
Resaltaron los expertos que parte de esta estrategia es utilizar los derechos humanos como instrumento para debilitar a un gobierno electo democráticamente "y, con ello, vulnerar el derecho a elegir de la mayoría de la población que se expresó en las elecciones presidenciales de abril tanto como en las regionales de diciembre de 2013".
Recordaron que hasta la fecha 11 personas han fallecido de manera violenta desde que comenzara la espiral de agresiones ocasionada por grupos de choque desde el pasado 12 de febrero.
"En resumen, cuatro de las víctimas fatales han sido atribuidas a los cuerpos de seguridad y las otras siete, a la acción de otros civiles. Lamentamos todas estas muertes, en los mismos términos, y exigimos a los Poderes Públicos el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables y la modificación de las condiciones que hicieron posible esas muertes", expresaron los activistas en el documento.
También solicitaron a los poderes públicos continuar las investigaciones sobre las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y rechazan cualquier acción que vaya en contra del nuevo modelo de seguridad promovido por el Gobierno Nacional y consagrado en el Plan de la Patria 2013-2019.
Rechazaron el llamado hecho por factores de la derecha para desconocer los canales constitucionalmente legítimos y forzar una salida anticipada del actual gobierno, en contra de la mayoría de la población que ha respaldado al Gobierno Bolivariano en 18 procesos electorales.
Además, manifestaron su respaldo al diálogo nacional hecho por el gobierno dentro de las normas de la democracia y repudiaron la injerencia e intervencionismo de países extranjeros en los conflictos "que deben resolver la sociedad venezolana y sus instituciones democráticas".
También condenaron la manipulación que se ha hecho de la situación nacional desde algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, así como de organizaciones de la autodenominada sociedad civil.
"Presentan una sesgada e inescrupulosa imagen de la realidad nacional, que alienta la violencia y la confrontación al invisibilizar las responsabilidades de algunos de los actores del conflicto", dice el comunicado.
Criminalización de sectores civiles
Para el grupo activista otro punto que debe destacarse en la coyuntura nacional es la criminalización "de la vaga figura de los colectivos armados o colectivos chavistas motorizados", que son presentados como grupos parapoliciales, y acusados en medios masivos y redes sociales como responsables de graves delitos, en supuestos enfrentamientos con los manifestantes opositores.
Ante ello, rememoraron que tanto el comandante Hugo Chávez como el presidente Maduro han puntualizado que los grupos que defienden la lucha armada deben correr con las consecuencias de colocarse al margen de la ley.
"La presencia de algunos civiles armados en manifestaciones de la oposición ha generado la demonización de cualquier motorizado de los sectores populares o colectivo que simpatice con el chavismo. Así se han justificado dispositivos como las guayas (alambres) extendidas en calles y avenidas, a una altura de 1,20 metros aproximadamente, que ya han cobrado dos víctimas fatales", precisa el texto.
Interrupción violenta de diálogo nacional
Por otra parte, el grupo activista recordó que a finales de enero se produjo un hecho inédito: miembros de la oposición y el Gobierno deciden trabajar coordinadamente en materia de seguridad ciudadana, a partir del llamado al diálogo hecho por el Ejecutivo.
Esas acciones se vieron reforzadas por la ofensiva económica impulsada por el jefe de Estado desde principios de noviembre pasado, para disminuir la especulación y reforzar el abastecimiento. No obstante, al inicio de febrero se produjeron los primeros hechos de violencia en el estado Táchira, coincidiendo con el llamado a tomar las calles realizado por la diputada de derecha María Machado y Leopoldo López.
"Estas jornadas acaban respondiendo a la agenda político-partidista que busca forzar la salida anticipada del gobierno actual. Este carácter también explicaría la concentración de manifestaciones en los estados y en las zonas de la capital donde la oposición tiene mayor número de adeptos. Como era predecible, estas jornadas interrumpieron el diálogo entre Gobierno y oposición", enfatiza el texto.
Los activistas y militantes firmantes forman parte, entre otras organizaciones, de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Red de Colectivos La Araña Feminista, Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Fedefam), Defensoría del Pueblo y la Fundación Afroamérica y La Diáspora Africana, entre otras.
| FUENTE: AVN |
