Así lo informó José Gregorio Bermúdez, vocero de la sala de batalla, quien sostuvo que el gobernador incurrió en la violación de los artículos 314 de la Constitución Nacional y 49 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector Público, por lo que consideran que hay méritos para la inhabilitación de Capriles Radonski.
“Acudimos a la contraloría de Miranda donde introdujimos una solicitud de investigación por unos presuntos actos que pueden ser causales de inhabilitación política al ciudadano Capriles, existen bastantes elementos de acuerdo a la investigación realizada por la Sala de Batalla con las pruebas que obtuvimos a través de personas que laboran dentro de la Gobernación”, expresó.
El artículo 314 de la constitución nacional explica que “no se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de presupuesto, por lo que “sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender la respectiva erogación”, para lo cual requerirá “previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada”.
Mientras que el artículo 49 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector Público establece que “no se podrán adquirir compromisos para los cuales no existan créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista”.
A pesar de lo establecido en los instrumentos legales, “él (Capriles) asumió acuerdos con los trabajadores sin disponer de los compromisos presupuestarios, el debía tener certificado previo del Tesoro, el violó esta ley”, enfatizó Bermúdez.
Indicó que el pueblo mirandino está casando del desgobierno que mantiene Capriles y la exclusión que mantiene con los consejos comunales y pueblo mirandino en cuanto al funcionamiento del Consejo Estadal de Planificación de Políticas Públicas (Ceplacopp), órgano rector “de la planificación de las políticas públicas, cuyo propósito es promover el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable”.
Por lo que resaltó que el gobernador “ha hecho ofertas engañosas a las comunidades”, pues “no cuentan con obras de la Gobernación y desconocen el destino de los recursos que deberían ser invertidos en las comunidades”.
“Las comunidades organizadas no hemos recibido respuesta de parte del gobernador en cuanto a la inversión que contempla la Constitución nacional que es un 50% mínimo de inversión en las comunidades organizadas. Se burló de los consejos comunales, nosotros esperamos mayor inversión, como lo prometió en las reuniones del Ceplacopp, debido a que el presupuesto de la Gobernación de Miranda es el segundo más alto”, dijo al tiempo que señaló que esperan un pronto pronunciamiento de la Contraloría estadal.
| FUENTE: AVN - SiBCI |
