En la manifestación los trabajadores denunciaron acoso laboral por parte de la directiva del centro y demandaron salarios justos y mayor seguridad dentro del recinto, ya que el domingo 4 de agosto se presentó un motín protagonizado por internos del centro que puso en riesgo al personal y causó daños en las instalaciones del Centro de Privación de Libertad número 1.
"Nosotros solicitamos la destitución de la directora general y todo su tren ejecutivo, en vista de que consecutivamente nos desautorizan, nos vejan, nos acosan laboralmente y además es necesario un salario justo", expresó una de las manifestantes que es Jefe de Unidad y fue suspendida por 60 días junto a cuatro funcionarios más por la directora, por presuntamente vulnerar los derechos de los jóvenes cuando se presentó el motín.
"Hace cuatros años un funcionario murió a causa de un motín que se armó en el centro, y a la fecha no se han tomado medidas de seguridad por parte de la directiva. La vida de nosotros corre riesgo las 24 horas. Además, existe un problema de fondo de desautorización, pues ella (la directora) le hace promesas a los jóvenes y no lo cumple y nos desautoriza a nosotros como funcionarios, entonces los jóvenes pasan por encima de nosotros y corremos riesgo. Ella no ha tomado las medidas, sólo proyecta pero no realiza las mesas operativas como tiene que ser", agregó.
Por su parte, Belkis Bosso, psicólogo del centro, expresó que se unió a la protesta pacífica debido al descontento del personal ante la suspensión de una reunión de trabajo que tenían planteada para este miércoles con la directora Tarazona para realizar una mesa técnica en vista del motín que se presentó.
"Decidimos sumarnos a esta protesta como equipo técnico porque vemos con mucha preocupación el hecho de que el día domingo en horas de la tarde ocurrió un evento muy significativo dentro de la institución. Hoy se tenía fijado una reunión con la directora del centro para hablar de todos estos temas y no fuimos atendidos, ni escuchados. Esto no es un tema político, aquí no somos ni chavistas ni caprilistas, simplemente sólo queremos que se nos atiendan, porque nuestra función como funcionarios es reeducar a esa población. Tenemos muchas deficiencias, a nivel de salario, ya que ganó casi el sueldo mínimo y cada equipo técnico (conformado por un trabajador social, un psicólogo) atiende a 40 jóvenes y no se da a basto", señaló.
Miguel Vargas, instructor del centro y miembro del comité de Seguridad y Salud Laboral, señaló que desde el 2010, tras la muerte un funcionario, solicitan la implantación de un programa de seguridad y salud laboral. A raíz de esta propuesta denunció que los trabajadores han sido acosados laboralmente.
El programa de seguridad y salud consiste en unificar criterios, establecer reglas para crear un manual de procedimientos, ya que no cuentan con reglamentos ni manuales de funciones ni normativas técnicas
"Propusimos un programa que brindará seguridad al personal y a los jóvenes, sin embargo, la directora ha hecho caso omiso a esta solicitud, no asume su responsabilidad y ha puesto en riesgo a todo el personal y en consecuencia se vienen presentando una serie de motines. Hicimos una asamblea para que se promoviera este programa y por eso me suspendieron 120 días porque no existen explicaciones o causas justas", explicó.
Destacó que también existe todavía personal tercerizado, violentando la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt). En cuanto a las suspensiones al personal, afirmó que "es una forma de la directiva de evadir responsabilidades e implementar una cacería de brujas por exigir mejoras laborales", ante esto una de las solicitudes que entregaron durante la protesta es una audiencia con la secretaria de gobierno de la Gobernación de Miranda, Adriana D´Elias para que atienda los planteamientos de los trabajadores.
"Los motines se salen de control porque no tenemos normativa de seguridad, no se nos garantiza nuestra integridad, a pesar de que existen medidas coercitivas en caso de emergencia, de acuerdo a la Lopna. Estamos totalmente desasistidos y tenemos un grave problema de tercerización con los contratados, hay personal que tiene seis y siete años y sigue siendo tercerizados y no se les ha dado el respeto", explicó.
La población juvenil recluida en Sepinami es alrededor de 160 niños, niñas y adolescentes, con un personal de 262 funcionarios entre obreros, contratados y suplentes.
| FUENTE: AVN |
