Con la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Social realizada en el Gobierno Bolivariano, el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar al Superintendente y al Tesorero del Sistema de Seguridad Social, cargos que designó el entonces Primer Mandatario, Hugo Chávez, el 30 de abril de 2012.
Desde ese momento, Julio César Alviárez, como superintendente, debió partir de cero para armar la estructura de la organización que tiene como competencias supervisar todo lo atinente a la Seguridad Social.
La Superintendencia es un organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para Finanzas. Aunque fue creado hace un año, en la práctica comenzó a funcionar en enero de 2013.
La cotización al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es obligatoria en el país, pero además muchas instituciones privadas y públicas tienen una póliza privada para la cobertura de salud, y un sistema de jubilación adicional que manda la ley.
“Iniciamos la elaboración de un diagnóstico de todos los sistemas, principalmente las pensiones y los regímenes especiales, cuántos son, en dónde se ubican, cómo están y qué hacen con esos fondos. Vamos a construir un mapa que los identifique. Eso es lo que no ocupa, además de darles respuesta a las solicitudes y consultas de los afiliados a cualquiera de estos entes”, expresó.
Pero esta labor no la van a afrontar de espaldas a la sociedad y sin comunicación con las comunidades y los involucrados: la clase obrera. “La Superintendencia de Seguridad Social tiene como meta cumplir sus competencias en coordinación con el Poder Popular, así como con los consejos de trabajadoras y trabajadores”, destacó.
La Superintendencia protege el sistema para que el sistema proteja a las trabajadoras y trabajadores, con la finalidad de garantizar la universalidad.
“Por eso nosotros promovemos la participación protagónica de las ciudadanas y ciudadanos. Queremos que se forme la cultura de la seguridad social y del pueblo intendente”, aseveró.
Para lograr estos objetivos, el superintendente adelantó que iniciarán una labor de formación en las comunidades, las comunas, los gremios y los sindicatos para impulsar la participación de los actores sociales.
De esta manera todos esos colectivos pueden convertirse en intendentes de las diferentes organizaciones de seguridad social. Lo que se persigue, destacó Alviárez, es que participen en la supervisión, vigilancia y fiscalización, porque son los beneficiarios del sistema.
Las competencias de la Superintendencia abarcan la supervisión de institutos como el Incret, Inpsasel, Inass, Instituto Nacional de Empleo (no está funcionando pero fue creado), Tesorería de la Seguridad Social, IVSS e Ipasme.
“Son siete instituciones centralizadas, pero también existe un conjunto de organismos que se han creado desde principios de los años 40, como los regímenes especiales y la ley de estatuto de pensiones y jubilaciones para los empleados de la administración central, gobernaciones y alcaldías”, especificó.
Las universidades, las empleadas y los empleados del IVSS, las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la Asamblea Nacional (AN) también tienen regímenes especiales independientes . “Hay cientos de fondos de seguridad social que no los supervisa el Estado y ni siquiera sabemos dónde están depositados y cómo se manejan”, alertó.
Se han identificados algunos, pero no se sabe cuántos son, por lo que la labor que tiene por delante la novel institución, según el servidor público, es ardua. Una de las metas es poner a todos esos regímenes especiales del sector público, bajo la supervisión y control de la superintendencia, ratificó.
Proteger al trabajador
Esa es la gran tarea que se tiene, pero eso no significa quitarle derechos a ningún empleado de cualquiera de esos regímenes. “Lo que buscamos es organizar y sistematizar todos esos sistemas”, reiteró.
El servidor público agregó que “la fiscalización se realizará mediante procedimientos expeditos, para que no haya problemas el día de mañana. La idea es no solo supervisar cuando ocurra el problema, sino aplicar un control predictivo como lo establece la Ley Orgánica de Seguridad Social”.
Con la Superintendencia “la clase trabajadora van a tener la garantía de que todas sus prestaciones, todas sus contingencias van a ser protegidas dentro de las normas, y vamos a fiscalizar conjuntamente con organizaciones sociales”.
La mayoría de las empleadas y los empleados públicos tienen un régimen especial. La ley establece que con 25 años de servicio el funcionario tiene derecho a una pensión equivalente a 62,5% del promedio de los salarios de los últimos dos años.
El máximo que se da es de 80%, cuando tiene más de 33 años de servicio, mientras que la mayoría de los otros regímenes especiales que no se rigen por la ley del estatuto garantizan 100% del último salario ajustado. Algunos de esos sistemas no tienen fondos de pensiones y otros sí los tienen, pero nunca han pagado una pensión, todos se pagan por renta fiscal (gasto presupuestario) y eso es necesario regularizarlo, planteó.
Alviárez no quiso ahondar en casos particulares. “Más que perseguir, lo que buscamos es regularizar todos los fondos de pensiones de acuerdo a las leyes y normas vigentes, pero eso no quiere decir que si se detectan irregularidades no se vayan a sancionar”, advirtió.
“Tenemos el caso de dos universidades que liquidaron sus fondos, tenían mucha plata y el pago de las pensiones las presupuestan vía gasto fiscal. Esos casos están en la Fiscalía pero no puedo decir cuáles son”, remarcó.
Como nunca pagaron pensiones esa plata la repartieron entre sus agremiados. Esa es la gran tarea que tienen: normar todo esos sistemas y que los agremiados conozcan sus derechos y el patrimonio del que disponen.
El presidente Nicolás Maduro ha sido claro al lanzar la misión eficiencia o nada que implica también, según el criterio del superintendente, una gran cruzada para erradicar la corrupción.
Una lucha de siglos
La lucha de las trabajadoras y los trabajadores por la seguridad se remonta a un tiempo antes de la Revolución Industrial en Europa, pero fueron intentos filantrópicos, pero en el siglo XIX se comenzaron a organizar para reclamar sus derechos y fue en los postrimerías de ese siglo que fueron alcanzando reivindicaciones.
“La primera manifestación de la seguridad social fue la mutual: Una especie de seguro médico que se pagaba entre los trabajadores y el patrono. Con este mecanismo se garantizaba la cobertura en caso de una enfermedad”, recordó.
Con el paso del tiempo, las sociedades mutuales se fueron extendiendo por todo el Viejo Continente y adquiriendo un gran poder económico y político, por su capacidad financiera. “Conformaron una estructura orgánica social sin necesidad de ninguna regulación legal, ni de funcionamiento de ni constitución. Se hizo de hecho y no de derecho”, explicó el profesor César Alviárez.
Los alemanes se percataron del gran poder las sociedades mutuales y evaluaron que eso se les podía ir de las manos, por lo que decidieron hacer un sistema de seguridad social de derecho, promulgado la primera ley, allá por 1883. “Se creó el primer seguro social del mundo que protegía la asistencia médica de la clase trabajadora germánica”, agregó.
Posteriormente, se fueron agregando conquistas de los sindicatos, como el reposo y la cobertura para su familia. Un beneficio que se fue extendiendo por Europa y que cubría a la mayoría de la población, cumpliéndose así el principio de la seguridad social que es la universalidad.
Después se fueron incorporando otras contingencias (cualquier cosa mala que le pueda suceder a la trabajadora o al trabajador), como el paro forzoso, hasta llegar a las pensiones, una de las conquistas más importantes del movimiento laboral.
Las únicas que no son contingencias son el nacimiento de un hijo y el matrimonio que también se recompensa, porque garantiza la reproducción de la mano obra, acotó el exconstituyentista parafraseando el pensamiento marxista.
Alviárez, que es un especialista en el tema, dijo que el concepto de la seguridad social moderna está asociado a compartir los riesgos que suponen una contingencia o la jubilación de un trabajador. “Esto es importantísimo porque hay una visión muy solidaria: Todos nos hacemos responsables de los riesgos de los demás, permanentemente”, sostuvo.
El concepto de seguridad social en general es un conjunto de medidas previsivas y de protección. Es previsiva porque da una serie de instrumentos a la sociedad para que no quede desvalido y, además, lo asiste cuando aparece una situación sobrevenida.
Su visión solidaria establece que la gente participe de acuerdo a sus posibilidades y de cada quien según sus capacidades.
“Sin conocernos, la seguridad social posibilitó que todas y todos fueran solidarios unos con otros sin conocerse entre sí. El objetivo último de la seguridad social no es luchar contra la pobreza, sino erradicarla, por eso, cuando estamos construyendo la seguridad social se está avanzando también hacia el socialismo. Se está democratizando los riesgos, se reparten. Todos nos comprometemos con todos”, concluyó.
| FUENTE: Correo del Orinoco - http://www.aporrea.org |
