domingo, 8 de abril de 2012

“Aguanté que mi esposo me pegara para que nuestra familia siguiera unida”

Durante años, las mujeres han luchado por lograr el reconocimiento de sus derechos humanos, sociales y políticos. La violencia de género constituye actualmente un grave problema de salud pública que ha obligado a los gobiernos a crear leyes para proteger a las féminas.
En Venezuela, desde el 19 de marzo de 2007 está vigente la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual contempla medidas de protección a las agredidas que formulen la denuncia ante los órganos receptores.

Aunque inicialmente, las víctimas tenían temor a recurrir a las instancias judiciales, las estadísticas de los departamentos de atención a la mujer en los municipios Bolívar y Sotillo revelan que las cifras se han duplicado en los últimos dos años.

Uno de esos casos corresponde a una joven portocruzana de 24 años, quien tras casi cinco años de recibir golpes e insultos de su pareja, decidió colocar la denuncia para acabar con el maltrato y evitar que terminara en tragedia.

Ella proviene de un hogar donde su padre agredía a su madre y por ello llegó a pensar que esta conducta era normal. Aunque no se identificó, por razones obvias, accedió a contar su historia para que otras mujeres lo tomaran como experiencia.

“Cuando nos casamos yo tenía 15 años y él 25. Al principio todo iba bien, mi esposo trabajaba en un taller mecánico y aunque se tomaba sus tragos, era tranquilo. A los dos años, todo cambió. Se empezó a encompinchar con sus compañeros y se echó a perder. Gastaba el dinero en alcohol y drogas”.

Para la muchacha allí comenzó su sufrimiento, pues todos los fines de semana su marido llegaba a la casa gritando y exigiendo que le sirvieran la comida, aunque no había dado el dinero para hacer la compra. “Discutíamos muy fuerte y me golpeaba con lo que primero conseguía. Después se ponía a llorar”.

A pesar de que la relación era tensa, la pareja concibió tres hijos que en la actualidad tienen ocho, siete y cinco años, todos varones. La joven dijo que en sus arrebatos de ira, el padre les pegaba y les dejaba moretones.

“Yo siempre me metía para tratar de protegerlos, por ello se enfurecía y arremetía contra mí. Incluso embarazada de mi último niño, me dio correazos hasta en la barriga”.

Una de las situaciones más graves que recuerda fue cuando su cónyuge agarró “la cadena del portón y me dio con toda su fuerza, fue cuando me llené de valor, tomé un machete y le hice una cortada en la mano, pero cuando lo vi sangrando, salí corriendo a casa de mi suegra para que me ayudara, como siempre”.

Decisión

Hace cuatro años decidió denunciar a su marido ante el departamento de Atención a la Mujer Víctima de Violencia del Centro de Coordinación Policial de Sotillo, después de conocer de la existencia del ente.

No obstante, siguieron viviendo juntos en su residencia, ubicada en el sector Vidoño de Puerto La Cruz. “Aguanté que mi esposo me pegara para que nuestra familia siguiera unida. Él es el padre de mis hijos y quería que ellos crecieran a su lado, pero hoy entiendo que fue un error”.

La situación no mejoró, pues las peleas siguieron y los golpes también. Fue hace dos años que decidió dejarlo definitivamente, pero no ha logrado recuperar la tranquilidad, ya que el hombre va dondequiera que ella esté viviendo para intimidar a las personas que le brindan ayuda.

“Mientras el gobierno me construye una casita a través de la Misión Vivienda y consigo un empleo, mi mamá me ayuda económicamente porque mi expareja no me da nada a mí ni a los niños, y vivo arrimada en la casa de unos amigos, pero él los tiene amenazados con denunciarlos por maltrato a menores”.

Nuevamente, hace dos semanas la joven acudió al órgano protector para exponer el acoso de que es víctima por parte del padre de sus hijos. Relató con tristeza que el mayor de los niños estudia tercer grado, pero un informe psicopedagógico reveló que tiene un alto nivel de frustración y agresividad, y bajo rendimiendo escolar, a causa de la violencia familiar.

Formas de violencia

- El artículo 15 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla 19 formas de agresión al género femenino entre ellas destacan:

- La violencia piscológica es toda conducta ejercida en deshonra, descrédito o menosprecio al valor o dignidad personal, tratos humillantes y vejatorios, vigilancia constante y aislamiento, entre otras, que conlleven a la mujer a disminuir su autoestima, a la depresión o al suicidio.

- Acoso u hostigamiento: es toda conducta dirigida a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar o vigilar a una mujer, y que pueda atentan contra su estabilidad emocional, dignidad, integridad física o psiquíca, o que puedan poner en peligro su trabajo.

- Violencia física: es toda acción u omisión directa o indirecta dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como: lesiones internas o externas, heridas, hematomas, quemaduras, empujones o cualquier otro maltrato físico.

Entes procesan 371 casos de violencia

Durante los meses de enero y febrero los departamentos de Atención a la Mujer Víctima de la Violencia, adscritos a las policías municipales de Bolívar y Sotillo, han recibido 371 denuncias.

De este grupo, 239 corresponden al municipio capital y 132 a Puerto La Cruz, la mayoría referidas a casos de agresión física y psicológica.

La jefa de la unidad en Sotillo, Daniela Rodríguez, coincide con su homóloga de Barcelona, Florángel Estrada, en que las cifras se han elevado 100% (el doble) en los últimos dos años.

En el primer bimestre de 2011 había la mitad de las solicitudes de medidas de protección, contempladas en el artículo 87 de la Ley sobre el Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Explicaron que la razón de este incremento es el conocimiento que tienen las víctimas del instrumento legal y la rápida acción de los entes con competencia en el caso.

“Todas las denuncias se procesan y se remiten a la medicatura forense, al psicólogo, al psiquiatra y a la Fiscalía para que inicie las investigaciones. Posteriormente se envía a los tribunales para que empiece el procedimiento judicial”, dijo Rodríguez.

La ley establece un lapso de 20 días para imponer las medidas de protección y cuatro meses para culminar las averiguaciones. En caso de flagrancia, se ordena la detención del agresor.

Las oficinas policiales laboran las 24 horas del día durante todo el año.

FUENTE: Katy Jurado - http://eltiempo.com.ve

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