"Este año en Venezuela destruimos más de 138.000 armas y es una noticia importantísima. Esa cifra nos da una tasa de destrucción de 464 armas por cada 100.000 habitantes, sólo en el 2011", resaltó Fernández.
En entrevista con la Agencia Venezolana de Noticias (AVN), el director de la PNB denunció que este avance en materia de desarme no ha sido reseñado por los medios de comunicación con la importancia y significación que tiene dentro de las políticas de seguridad ciudadana que ejecuta el Gobierno Nacional.
"Eso ha pasado desapercibido", resaltó, y al tiempo agregó que este dato demuestra que en Venezuela "estamos demostrando con hechos que hay una voluntad cierta de destruir las armas".
Sobre este avance comentó que en la reciente visita hecha por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme a Brasil, se constató que dicho país tiene un promedio de 90 armas destruidas por cada 100.000 habitantes, lo que indica que Venezuela realiza actualmente procedimientos eficientes para el desarme.
"Brasil que inició un proceso de desarme en los últimos 13 años, tiene un proceso de destrucción de 90 armas por 100.000 habitantes. La voluntad de nuestro gobierno de destruir armas en 2011 fue impresionante, un proceso de destrucción importantísimo, que nos ubica en una tasa muy elevada de destrucción de armas en función del número de habitantes", recalcó el director de la PNB.
Desde 2003, en Venezuela se han destruido más de 251.000 armas de fuego. Estos artefactos, de fabricación industrial y casera, han sido fundidos y el material ferroso ha sido reutilizado como materia prima para la construcción de viviendas en el país.
Protocolos expeditos
Fernández comentó que además de los procedimientos habituales que se llevan a cabo para la destrucción de estas armas de fuego, los organismos de seguridad ciudadana y la Comisión Presidencial para el Desarme diseñan una serie de protocolos para el respectivo proceso de eliminación.
"Ahora se van a establecer protocolos, experticias en las que participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), para cumplir con la ley, facilitar los procedimientos, que se hagan las experticias con la prontitud del caso y que se destruya el arma rápido", explicó.
Fernández resaltó que lo primordial es que dentro de tal protocolo se establezcan mecanismos que permitan que el procedimiento de destrucción sea rápido y transparente, que pueda ser visto por toda la población.
Explicó que al ser incautada un arma de fuego, debe realizarse inmediatamente la experticia para que el artefacto no permanezca mucho tiempo en los depósitos de la policía, sino que se agilice el pertinente proceso de destrucción.
FUENTE: Orlando Rangel Yustiz - AVN
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