'A los familiares (de las víctimas) les di mi palabra, y hoy vengo a cumplir, con respecto a algunos funcionarios de acá de la zona que van a ser extraídos, sometidos a una investigación interna', dijo el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico.Tras un acto en Tumeremo, en el que la fiscal general Luisa Ortega entregó a los deudos los restos de los obreros, Rico señaló que "no se descarta" el inicio de una investigación penal, no solo contra efectivos del CICPC, sino también de la policía de inteligencia o de militares.
Según el Comité de Familiares y Víctimas de los Suceso de 1989, los mineros habrían muerto a manos de hombre armados, entre lo que había algunos que supuestamente portaban "chalecos del CICPC y del SEBIN".
"Los familiares quieren justicia en todos los sentidos, y de resultar algún miembro de algún organismo involucrado en el hecho, será sancionado igual que las personas que ya tenemos identificadas como autoras materiales", advirtió el mando policial. Aún quedan pendientes por identificar otros tres cadáveres a los cuales les practicarán estudios de ADN para determinar su identidad, precisó.
De acuerdo con la investigación oficial, dieciséis mineros fueron ejecutados con disparos de arma de fuego en la cabeza y uno más recibió un impacto de bala en el tórax.
Los mineros fueron asesinados el 4 de marzo en una mina cercana a la población de Tumeremo, estado Bolívar.
Como parte del proceso las autoridades detuvieron a Rosa Gil Salazar, quien estaría vinculada con los asesinatos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo recientemente que se creía que los mineros habían sido víctimas de una "matanza en una guerra de bandas" que operan en el sur del estado de Bolívar, donde hay una intensa actividad de minería ilegal.
FUENTE: http://equilibrioinformativo.com
