En el país existen alrededor de 200 mil personas afectadas por el supuesto retraso y el incumplimiento del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de acuerdo con cifras del comité de DDHH para la defensa de los Pensionados, indicó una nota de prensa.
La abogada de Provea, Jessica Duhan, explicó que la acción judicial interpuesta es por “la omisión y retardo en la asignación de pensiones, hecho que viola el derecho a la seguridad social y el trato digno que debe dar el Estado venezolano a las personas adultas mayores”.
El presidente nacional del Comité de DDHH para la Defensa de Adultos mayores, Edgar Silva insistió que “no es responsabilidad del trabajador que el seguro social no haya fiscalizado a tiempo a las empresas y organismos que le adeudan y entraron en mora con el Seguros Social”.
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