En el encuentro, representantes de la Superintendencia ratificaron su compromiso para atender a los 6.400 usuarios estafados y resarcir los daños causados por la concesionaria privada.
En esta reunión se informó que el presidente de la Junta Ad Hoc encargado del caso renunció a su cargo, razón por la cual el superintendente Andrés Eloy Méndez designará en los próximos días un responsable con el perfil técnico y la formación adecuada para cumplir esta tarea, reseña una nota de prensa del organismo.
Cinco personas se encuentran privadas de libertad por la presunta comisión de legitimación de capitales, asociación para delinquir y estafa.
Asimismo, la Superintendencia mantiene una medida de ocupación temporal del concesionario, cuya sede está ubicada en el estado Miranda.
El Estado ha planteado la posibilidad de que las personas afectadas por la empresa privada puedan adquirir carros chinos y optar a créditos a través de la banca pública para la adquisición de los vehículos.
Con estas acciones, el Ejecutivo protege al pueblo "contra las prácticas de boicot, usura, acaparamiento y desinformación que afectan el acceso a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad", añade el boletín de prensa.
| FUENTE: AVN |
