Diversos abogados y gremios como la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) criticaron que antes de la promulgación de esta norma, muchas de las sanciones impuestas por los ya desaparecidos Indepabis y Sundecop carecían de justificación legal porque no había nada que regulara formalmente los márgenes máximos exactos de ganancias que podían fijar los empresarios, sin que ello se considerara un delito.
Mientras la primera edición tuvo como norte luchar “contra la usura y la especulación”, el Primer Mandatario aclaró en mayo que esta nueva etapa (de la ofensiva económica) debe tener como objetivo consolidar un nuevo modelo económico socialista. “Debemos transformar el modelo económico rentista. Hace una semana arrancamos un nueva etapa que es muy distinta a la que desarrollamos el año pasado, en noviembre y diciembre”, dijo.
En la práctica, las fiscalizaciones realizadas por la recién creada Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) siguieron concentrando sus mayores esfuerzos en sancionar a las empresas que venden con sobreprecio o cometen especulación, según refleja la información oficial. Entretanto, la inflación ha continuado su escalada hasta registrar una variación anualizada de 60,9% al cierre de mayo, según el Banco Central de Venezuela.
La mayoría cumple. Un informe de la Sundde y el Órgano Superior para la Defensa de la Economía Popular señala que entre el 22 de abril y el 20 de mayo se realizaron 2.387 fiscalizaciones en todo el país. Del total, en apenas 487 (20%) se presentaron incumplimientos, pues en la mayoría (1.905 que representan 80%) las empresas cumplían la ley.
Las principales faltas (42,5%) fueron por márgenes de ganancia superiores a 30% fijado como máximo en la Ley de Precios Justos; bienes vencidos (18,7%) y especulación (15,6%), según el estudio. En cuarto lugar figuraron las infracciones genéricas (63%), seguidas por el acaparamiento y el boicot, con 16% cada una.
Un comerciante del ramo de la telefonía móvil que tiene un negocio en Nueva Esparta, y prefirió reservar su identidad, forma parte del grupo que ha salido ileso en la nueva oleada de fiscalizaciones. Contó que una “junta interventora” integrada por cinco funcionarios de la Sundde, el Seniat, la Guardia Nacional y de la comisión presidencial para el abastecimiento llegó al local, le pidieron que entregara las facturas de la lista de los diez artículos que más vende y menos vende para calcular sus costos. “Si la cuenta les da que los precios superan el 30% sobre esos costos, piden la nómina, los balances, toda la contabilidad, para ver cómo están los gastos indirectos y determinar si hay especulación”, dijo.
Tal fue su caso. Y aunque en un principio los fiscales determinaron que la empresa “tenía fallas”, la fuente explicó que se acogió al artículo 69 de la Ley de Precios Justos, solicitó la apertura de un procedimiento administrativo sancionatorio, presentó todos sus recaudos y, finalmente, “todo salió bien”.
Los sectores alimentos (43%), actividades en general (22%), automotor (9%), textil y calzado (8%), construcción (7%) y salud (5%) son los más fiscalizados según la planificación oficial. Una revisión de 101 fiscalizaciones reseñadas por la Sundde en su página desde el 24 de enero hasta el pasado 11 de junio, coincide en que alimentos es el rubro que más se repite, con 36%. Le siguen automotor (26%), salud (9%), ferretería (9%), y electrodomésticos (5%).
Del total de 423 medidas preventivas aplicadas en el período del estudio, el ajuste inmediato de precios representa la mayoría con 262, y a esta le siguen: desincorporación de la mercancía (91), detenciones (33), venta supervisada (10) y ocupación temporal (8).
Los estados más inspeccionados en la “ofensiva económica” son Distrito Capital (609), Miranda (253), Aragua (200), Portuguesa (189) y Zulia (185), según la planificación publicada por la Sundde.
El superintendente de Precios Justos, Dante Rivas, expresó este viernes que hasta la fecha se han realizado 4 mil 440 inspecciones en todo el territorio nacional como parte de la segunda ofensiva contra la guerra económica. En estas, 924 empresas han sido sancionadas, lo que representa 20,8% del total.
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