“El Presidente de la República, según notas de prensa que hemos consignado junto con el escrito, ha reconocido la existencia de estos grupos armados. Además, es público y notorio que hay motos que circulan con personas vestidas de civil con armas de fuego”, comentó Ramón Alfredo Aguilar, quien fungió como vocero de los solicitantes.
Los estudiantes y profesores de la UCV ejercieron una demanda de protección de intereses difusos y colectivos contra el primer mandatario nacional, quien, según enfatizaron, está obligado a garantizar la paz y la convivencia en el país.
Aseguraron que en este caso la Sala Constitucional debe tomar en cuenta los argumentos que esgrimió recientemente cuando, tras acordar sendas medidas cautelares, ordenó a los alcaldes de los municipios Baruta, El Hatillo y San Diego utilizar todos los recursos necesarios para impedir el cierre de calles.
“No se trata solo del derecho al tránsito sino el derecho a la vida de los jóvenes estudiantes que cada día están protestando y son atacados por estos cuerpos armados al menos con la mirada cómplice del Gobierno”, apuntó Aguilar.
“Con exactamente los mismos principios constitucionales debe exigirse al Presidente de la República que cumpla con su deber de garantizar la paz, desarmar a los colectivos y permitir el ejercicio del derecho a la protesta pacífica”, añadió.
El abogado destacó la situación que se presentó este miércoles, cuando, después que la Guardia Nacional Bolivariana impidiera la salida de una marcha estudiantil que pretendía llegar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, grupos armados ingresaron a la UCV para amedrentar y atacar a los manifestantes.
Aguilar solicitó al TSJ actuar con la misma celeridad que demostró al tramitar las demandas planteadas contra los alcaldes Gerardo Blyde (Baruta), David Smolansky (El Hatillo) y Enzo Scarano (San Diego).
Libre tránsito
Los abogados José Amalio Graterol y Thelma Fernández aseguraron que así como el máximo juzgado ordenó a las autoridades de Baruta y El Hatillo cumplir con sus obligaciones constitucionales, lo mismo debe proceder con el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien, según señalaron, se ha convertido en el “guarimbero oficial” al no permitir la entrada de manifestaciones estudiantiles a Caracas.
Para lograr un pronunciamiento que garantice el derecho al libre tránsito y la igualdad ante la ley los juristas ejercieron una demanda de protección de derechos difusos y colectivos contra el edil capitalino.
“El municipio Libertador nos pertenece a todos. Esas marchas sabemos que son pacíficas. Quien inicia la violencia es la Guardia Nacional, que pone a guarimbear personas como Jorge Rodríguez”, acotó Graterol.
El abogado enfatizó que ninguna autoridad puede impedir a los ciudadanos acceder colectivamente a los organismos públicos para presentar sus peticiones.
“Actúan de forma fascista al no permitir que ciudadanos con distinto pensamiento puedan acceder a los organismos públicos”, anotó.
Adhesiones
El Frente de Abogados Bolivarianos se adhirió a la demanda que Juan Garantón Hernández presentó en contra de los alcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky.
“En esos municipios se vienen violando con acciones terroristas derechos fundamentales de los ciudadanos que habitan en esos lugares”, comentó el presidente de la agrupación, Julio Lattán.
| FUENTE: Felipe González Roa - http://www.notitarde.com |
