El pasado 1° de julio, en plena crisis de El Rodeo, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Jorge Valero, firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
De entrada, ello implica que el país se compromete a permitir que la ONU visite cualquiera de los 34 establecimientos donde hay personas privadas de libertad, según se lee en el articulado.
El documento consta de 37 artículos. El primero dice que el objetivo del protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles.
La ONU establecerá un Subcomité para la Prevención de la Tortura, para concretar las visitas a los establecimientos venezolanos donde existan privados de libertad.
Para facilitarle el trabajo a ese subcomité, los países que adopten el protocolo se comprometen a darle acceso sin restricciones a toda la información acerca del número de personas privadas de libertad, al trato que reciben esas personas y a las condiciones de su detención, esto es, el expediente de cualquier preso.
También incluye acceso sin restricciones a todos los lugares y a sus instalaciones y servicios.
Además, los países firmantes del protocolo se comprometen a ofrecerle a la ONU la posibilidad de que el Subcomité para la Prevención contra la Tortura pueda entrevistarse con las personas privadas de libertad, sin testigos, personalmente o con la asistencia de un intérprete, así como con cualquier otra persona que consideren que pueda facilitar información pertinente.
Carta blanca. Los compromisos no quedan allí. Los países que adopten el protocolo están obligados a darle a la ONU, a través del subcomité, la "libertad para seleccionar los lugares que desee visitar y las personas a las que desee entrevistar", según el artículo 14. Ese subcomité que visitará las cárceles estará compuesto por 10 miembros, elegidos entre personas "de gran integridad moral".
Ese protocolo fue aprobado por la ONU en 2002 y aquellos países que lo adopten lo convertirán en ley de obligatorio cumplimiento. En Venezuela, el embajador ante la ONU, Jorge Valero, ya firmó la adhesión.
Para la ONU, "privación de libertad" se entiende como "cualquier forma de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda salir libremente".
FUENTE: UNoticias
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