La Asamblea Nacional ratificó, en un debate parlamentario realizado ayer, "sus atribuciones constitucionales de control e investigación, así como su facultad para la iniciativa legislativa en todas las materias previstas" en la Constitución, y declaró "inválida, inexistente y no vinculante", la sentencia No. 9 del 1 de marzo de 2016 del Tribunal Supremo de Justicia, que limita sus facultades contraloras mediante la interpretación de los artículos 136, 222, 223 y 265 constitucionales.El acuerdo aprobado fue presentado por el diputado Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo (UNT). El escrito contiene 16 considerandos y 9 puntos que plantean el rechazo "categórico" e "invalida" la sentencia N 9, del 1 de marzo de 2016, de la Sala Constitucional del TSJ.
La bancada oficialista, a través del diputado del PSUV Pedro Carreño, rehusó participar en el debate por considerar que la AN se estaba "inmiscuyendo en los asuntos internos del Poder Judicial".
En su intervención, Barboza contrarió el fallo del TSJ y lo calificó como "un intento de golpe a la soberanía nacional y la legitimidad de todos los poderes públicos" del país.
Barboza fue secundado por otros seis parlamentarios opositores entre ellos El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, cerró el debate parlamentario y dijo que la sentencia del TSJ "es inválida, inexistente y no vinculante".
Narró que los magistrados violaron el artículo 40 de la ley que rige al máximo tribunal, el cual establece que las sentencias deben estar firmadas por las dos terceras partes de los magistrados de la Sala.
"Debió ser suscrita por cinco de los siete magistrados. No obstante, solo está firmada por cuatro", precisó.
Paralelamente, la mayoría opositora de la AN acordó solicitar a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por la sentencia del TSJ. A juicio de la mayoría opositora de la AN, la sentencia constituye "una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia" venezolana.
La decisión incluye requerir la actuación de la Unión Interparlamentaria Mundial ante la pretensión del TSJ de "menoscabar" las facultades del poder legislativo.
Incidente en el Legislativo
La sesión ordinaria de la AN se realizó con la presencia de grupos que se identificaron con el Gobierno, apostados en los alrededores del Palacio Federal Legislativo, desde donde lanzaban objetos contra los parlamentarios de la oposición.
El diputado Carlos Paparoni fue herido en la cabeza y tras ser atendido por su colega y médico José Manuel Olivares, quien lo suturó en la enfermería de la AN, denunció que "sus compañeros parlamentarios y todo ciudadano que camina por los alrededores del Palacio Legislativo son agredidos por estos grupos violentos".
Ramos, por su parte, dijo que a diario recibe dos reportes de parlamentarios "que son hasta perseguidos sin que la Guardia Nacional ni la Policía Municipal de Caracas hagan algo para protegerlos".
Aprobada reforma del BCV
En segunda discusión fue aprobado el proyecto de reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, la cual impide la emisión dinero inorgánico, explicó Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas. La bancada del PSUV objetó el instrumento jurídico.
Crédito adicional
Por unanimidad, la AN aprobó un crédito adicional para el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por Bs. 21.235,4 millones, primero de este año, tras un informe presentado por la Comisión de Finanzas a solicitud del Gobierno nacional.
Con los votos opositores, fue aprobado en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y Acceso a la Información Pública. El diputado Simón Calzadilla explicó que el texto legal "es una herramienta para combatir la corrupción, mejorar la gestión pública y la calidad de la Democracia".
| FUENTE: DICK TORRES - http://www.eluniversal.com |
