Debido a que el plazo para la conformación de dicha comisión expiró el pasado 25 de enero del año en curso, el Frente acudió a la Fiscalía para pedir celeridad en el tema y para que sean designados los funcionarios que deberán integrarla.
La Comisión por la Justicia y la Verdad está llamada a ser un órgano para contribuir al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad y reivindicar a las víctimas, así como rescatar la memoria histórica, según lo contempla el artículo 8 de la popularmente conocida Ley contra el Silencio y el Olvido, promulgada el 25 de noviembre de 2011.
Una de las voceras del Frente, Pura Soto Rojas, hermana del desaparecido Víctor Soto Rojas, en 1964, dijo: "Estamos luchando porque se haga justicia, por esos asesinatos masivos perpetrados en esa época. Que paguen los que están vivos, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. La ley fue aprobada hace un año y estamos sorprendidos de que no se ha creado la Comisión por la Justicia. Entonces, estamos reunidos para que empiecen la investigaciones".
Por su parte, la diputada del Parlamento Latinoamericano-Capítulo Venezuela, Marelis Pérez Marcano, expresó que “lo que estamos solicitando es que los Poderes Públicos cumplan con la ley, porque el Poder Popular, expresado a través de los familiares de los asesinados y torturados, está cumpliendo la tarea de concienciar al pueblo, de llevarle información, de generar movilización”.
Refirió que le compete a la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, coordinar las acciones para que se instale la Comisión de la Verdad que, detalló, debe estar integrada por dos representantes del Poder Moral, siete del Poder Ejecutivo y 10 del Poder Popular que ya fueron designados.
“La Comisión no se ha instalado porque varios Poderes Públicos no han designado a sus representantes. Ha designado el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Servicios Penitenciarios y para las Relaciones Interiores y Justicia, pero la Asamblea Nacional que tiene que designar tres principales y tres suplentes no ha designado. La Cancillería que tiene que designar un representante no ha designado y la Secretaría de la Presidencia, tampoco. De tal manera que hasta que no estén designados la totalidad de sus miembros la Comisión no se puede instalar”, indicó la diputada Pérez Marcano.
Se estima que unos 10.000 crímenes, entre asesinatos, desapariciones, fusilamientos y torturas, fueron ejecutados durante el período 1958-1998 a los militantes de izquierda que hacían oposición política a los gobiernos de Acción Democrática y Copei.
Recuperación de la memoria histórica
La insurgencia izquierdista de las décadas de los años 1960, 1970 y 1980 es una página de la historia venezolana que “está prohibido olvidar”, expresó la diputada Pérez Marcano.
Es así como en el Centro Nacional de la Historia se creó una área de investigación especial desde la que se está recopilando, a través de testimonios de las víctimas sobrevivientes, esos crímenes ejecutados cuando prevalecía la democracia representativa.
“Eso no puede quedar como si no hubiese ocurrido nada. Esta movilización está reafirmando el prohibido olvidar. No se trata de retaliación sino de justicia”, dijo la legisladora.
“Ahora estamos ubicando a compatriotas campesinos, trabajadores, dirigentes políticos que nunca denunciaron las torturas feroces a las que fueron sometidos, los estamos conminando a que formalicen sus denuncias, porque sin denuncia no hay investigación”, subrayó.
Por otra parte, expresó que desde el Ministerio Público continúan las investigaciones sobre las desapariciones forzadas y recordó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la reapertura del expediente sobre la muerte de Fabricio Ojeda, detenido y torturado por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Sifa), que respondía a las órdenes del presidente adeco Raúl Leoni.
“En la cuarta República se dijo que se había suicidado, pero todas las experticias indican que fue asesinato. Ya el TSJ dictaminó que es pertinente la apertura de ese expediente”, apuntó.
Designan diputados para conformar comisión
Los diputados Orángel López, Edgar Lucena y Jesús Farías fueron designados este martes por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) para conformar la Comisión por la Justicia y la Verdad.
Dicha instancia tiene como misión investigar los casos de los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos, que por razones políticas se cometieron en el país en el periodo 1958-1998.
El presidente del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, además, informó que Claudio Faría, Yul Jabour y Lirisol Velásquez serán los parlamentarios suplentes en la mencionada Comisión.
FUENTE: AVN
