miércoles, 4 de abril de 2018

Asamblea rechazó la cesión de derechos de litigio de Pdvsa en EEUU

Sólo la Asamblea Nacional (AN) es la única autorizada en llevar adelante los contratos de cesión de derechos en un litigio y no el Estado, como ocurrió con el caso de Pdvsa US Litigation Trust, explicó el diputado Jorge Millant (Unidad/Distrito Capital) en la plenaria de este martes 3 de abril, en la que se aprobó un Proyecto de Acuerdo sobre la cesión de derechos de litigio de Pdvsa (Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima) en los Estados Unidos.
El parlamentario contextualizó su tesis en el artículo 187 #9 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Cabe recordar que el Estado venezolano aprobó la constitución de Pdvsa US Litigation Trust y cedió los derechos de Pdvsa a este despacho para que interpusiera la demanda contra 43 empresas y personas por la creación de una plataforma corrupta.

La medida, según señalan algunos juristas, "perjudica los intereses del país, pues, dada la condición de Pdvsa US Litigation, el dinero solicitado, 10.000 millones de dólares, no ingresarían a la estatal venezolana sino al fideicomiso y no cuenta con la autorización de la Asamblea Nacional, por lo que la demanda podría ser calificada como fraude".

En ese sentido, el proyecto de acuerdo reza: "Solicitar a la Subcomisión especial para investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que investigue si la constitución del “PDVSA US LITIGATION TRUST” se efectuó con la participación efectiva de la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela; así mismo se investigue los términos legales del fideicomiso.

Investigar el Fideicomiso US PDVSA Trust que, en caso que el “PDVSA US LITIGATION TRUST” haya sido constituido por la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela, se verifique capacidad legal de PDVSA para celebrar este tipo de negocio jurídico, principalmente los términos legales en los que ocurrió.

Alertar sobre los riesgos que corre el dinero de la República y de todos los venezolanos en el caso de que la Sociedad Anónima Petróleos de Venezuela se haya excedido en sus facultades al ceder derechos de litigio sobre bienes patrimonio de la República que pudiera materializarse con la imposibilidad de recuperación o regreso de esos recursos al erario público.

Solicitar ante los órganos competentes que se realicen las investigaciones correspondientes a los fines de verificar el delito de conspiración denunciado con el establecimiento de las responsabilidades que hubieren a lugar".

Millant, en su intervención como proponente, detalló que el hecho se enmarca en un contrato de "interés público" que lo está haciendo el Estado a través del ministro del petróleo y un señor que usurpa funciones "y fue a estafar a un gobierno extranjero firmando como Procurador General de la República cuando no lo es".

"Hay que preguntarse qué hay detrás de la constitución del fideicomiso y el por qué fue llevado a instancias internacionales, por qué fue llevado al área del derecho privado y no a la de la justicia penal", explicó.

El diputado adelantó que han solicitado la investigación de ese evento y ha exhortado a apoyar en el mundo a cualquier gobierno que dentro de su jurisdicción esté luchando contra hechos de corrupción que afectan a los venezolanos.

"Desde la Asamblea Nacional no podemos perjudicar ninguna acción que se esté generando en el mundo contra los corruptos que tienen los bolsillos llenos de sangre. Estamos adelantando las investigaciones necesarias en función de resguardar los recursos y recuperar la calidad de vida de los venezolanos", dijo Millant.

Por su parte, el diputado Francisco Sucre (Unidad/Bolívar) calificó el hecho como "el mayor latrocinio que se haya perpetrado en contra del patrimonio venezolano en toda nuestra historia republicana".

Aseguró que se puede estar presentando la intención de utilizar el sistema jurídico norteamericano para poder lavar dinero robado y que a través del curso de la demanda arriba mencionada, se pudiera llegar a un acuerdo extrajudicial con un manto de "legalidad" y que entre comillas, Pdvsa pudiera recuperar al menos una fracción de esos 10 millones de dólares, y amparados bajo el precepto de la confidencialidad "se reparten ese dinero".

FUENTE: Prensa Asamblea Nacional