El Ministerio para Servicios Penitenciarios informó que en 2018 iniciaron acciones que buscan la implementación del Nuevo Régimen Penitenciario en las celdas de detención preventiva de sedes policiales y militares. En un comunicado enviado a los medios el pasado 7 de marzo, Franklin Suárez, director general de Gestión Comunicacional del ministerio, indicaba que “el Ministerio ha venido realizando los enlaces y articulaciones correspondientes para la asesoría, el abordaje y el traslado de estas competencias al ente rector nacional, a fin de que el exitoso Régimen Penitenciario, sea aplicado también en estos centros de detención”.El Nuevo Régimen Penitenciario incluye una disciplina militar y un mayor control en las visitas. Este programa fue materializado por la ministra Iris Varela en sus primeros siete años de gestión.
Sin embargo, para los defensores de los derechos humanos de los privados de libertad este sistema de atención al interno no ha erradicado los males que generan la crisis carcelaria: mafias entre presos y funcionarios que promueven el ingreso de armas a los penales, así como de sustancias estupefacientes y otros materiales ilícitos; las extorsiones telefónicas cometidas desde una celda; y el liderazgo de detenidos que obligan a otros presos a pagar cuotas por su seguridad.
Los activistas como Carlos Nieto Palma y Humberto Prado han reiterado que persisten las violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad, aún cuando 98% de las cárceles tienen el Nuevo Régimen, según el ministerio.
Prado, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que en los últimos dos meses (enero y febrero) 1.016 presos participaron en una huelga de hambre y otros 74 en alguna huelga de sangre. Esto como parte de su balance de lo que considera como una crisis carcelaria.
¿Qué pasa con los centros de detención preventiva?
En el año 2017, 62 presos, dos funcionarios policiales y un familiar fallecieron en 178 centros de detención preventiva correspondiente a la jurisdicción civil y 20 a la jurisdicción militar de la Gran Caracas y de los estados de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia.
Esta es parte de las cifras que maneja Nieto Palma, director de Una Ventana para la Libertad, quien además precisó en un informe que entre enero y diciembre de 2017 se registró un hacinamiento de 250%: 14.525 personas en lugares que tienen capacidad para 5.910, lo que implica una sobrepoblación de 8.615 privados de libertad. En 2016, el entonces Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que en estos sitios había 33.000 detenidos.
Este hacinamiento se debe a la falta de traslado de los detenidos a centros de reclusión formal. En las celdas policiales y militares se estipula que una persona solo permanezca durante sus primeras 72 horas, mientras es presentado ante un tribunal.
Si es el caso, una vez que esta instancia decreta que existen motivos para que la persona quede privada de libertad durante las investigaciones del caso, ésta debe ser enviada a una cárcel.
Sin embargo, la ministra Iris Varela ha asegurado en reiteradas ocasiones que los reclusos deben permanecer en comisarías hasta que tengan un juicio, lo cual puede demorar meses e, incluso, años.
Atención carcelaria
Esta situación en los centros de detención preventiva ahora es atendida por diferentes entes del Estado.
El 9 de marzo, la Defensa Pública informó que más de 1.000 personas recluidas en centros de detención preventiva de Caracas y el estado Miranda han sido atendidas en el Plan de Atención Integral a Privados de Libertad, iniciativa de esta instancia junto a otras instituciones del Estado que tiene como objetivo garantizar los derechos humanos de los detenidos.
Así lo manifestó la directora del Despacho de la Defensora Pública General, Mariana Oliveros, durante el programa Habla la Defensa Pública en la Radio, transmitido por YVKE Mundial.
La funcionaria señaló que durante este Plan de Atención Integral a los Privados de Libertad, los reclusos contaron con una jornada de salud, durante la cual se les vacunó, realizó revisión física y asistencia médica; y a las reclusas se les efectuaron exámenes ginecológicos.
Recordó que el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) hizo una jornada de detección de las habilidades de los privados de libertad con el objetivo de formarlos y certificarlos, para que así se conviertan en multiplicadores con el resto de los compañeros.
Durante este plan, el Ministerio para el Servicio Penitenciario realizó evaluaciones psicosociales y tramitación de cupos en los centros penitenciarios para las personas recluidas en los centros de detención preventiva.
Además la Defensoría del Pueblo efectuó entrevistas orientadas a conocer las condiciones en las que se encuentran los privados de libertad, respecto al trato que reciben en el recinto, acceso a la alimentación y visitas, a fin de velar por el respeto de sus derechos como personas.
FUENTE: VANESSA MORENO LOSADA - http://efectococuyo.com - (PULSE AQUÍ)
